Juan David Castilla
La fiscal general del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseveró que las carpetas de investigación integradas por el organismo a su cargo se sustentan exclusivamente en datos de prueba y rigor técnico, descartando categóricamente que la procuración de justicia responda a sesgos partidistas o intereses de carácter político.
Durante la conferencia de prensa celebrada este martes en la capital del estado, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) negó que haya intereses políticos en los señalamientos contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste y Úrsulo Galván, Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, respectivamente.
La solicitud de desafuero contra Bravo Montero presentada por la FGE deriva de las investigaciones que vinculan al munícipe con la desaparición del empresario minero Héctor Ramos Sánchez y su escolta Ignacio López. Mientras que a González Martínez se le vincula con el secuestro y asesinato de la reportera Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital.
La funcionaria precisó las competencias normativas entre la función ministerial y la impartición de justicia a cargo del Poder Judicial, deslindándose de las acusaciones al respecto.
Jiménez Aguirre subrayó que el Ministerio Público ostenta la facultad exclusiva de integrar las indagatorias, mientras que a jueces y magistrados les corresponde resolver con objetividad sobre los elementos presentados.
La funcionaria enfatizó que el trámite de órdenes de aprehensión, vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias depende de la solidez de los elementos probatorios desahogados durante las audiencias.
En ese marco, puntualizó que el sistema procesal penal mexicano contempla mecanismos institucionales de revisión, como el juicio de amparo ante la justicia federal, para garantizar la protección de los derechos humanos y prevenir actos arbitrarios.
La Fiscal general reiteró que la dependencia a su cargo continuará conduciendo las investigaciones penales con estricto apego al debido proceso y a la legalidad, enfocando los esfuerzos en el fortalecimiento de la evidencia técnica para sostener los casos ante las instancias jurisdiccionales y garantizar el acceso a la justicia en la entidad.
Además, enfatizó que deberán esperar si el desafuero contra los alcaldes de MC es procedente para determinar si es necesario ejecutar órdenes de aprehensión en su contra.
