Juan David Castilla
El conflicto político y administrativo en el ayuntamiento de Lerdo de Tejada se agravó tras la denuncia pública del síndico único, Johard Cruz Delfín, quien afirmó ser víctima de violencia institucional y amenazas de muerte por negarse a firmar contratos presuntamente irregulares.
En conferencia de prensa, acompañado por los diputados del Partido del Trabajo (PT), Ramón Díaz Ávila, Elizabeth Morales García y el legislador federal Adrián González Naveda, el edil responsabilizó directamente de cualquier atentado contra su vida o la de su familia al exalcalde Fabián Cárdenas Sosa y a la actual alcaldesa, Flor María Sosa Zamudio.
Cruz Delfín detalló que la presión ha ido en aumento debido a su negativa para validar documentos y convenios financieros sin sustento legal.
Entre las anomalías detectadas, citó la intención de hacerle firmar capacitaciones policiales por un monto de 1.3 millones de pesos, a pesar de que dichos cursos son impartidos de manera gratuita por el Centro de Cómputo, Control, Comando y Contacto (C4).
Asimismo, el funcionario municipal recriminó que, como medida de coerción y sin la aprobación del Cabildo, las autoridades municipales le redujeron el salario de forma arbitraria.
«Tengo miedo y preocupación por mi familia, por todos los que me rodean y por mi vida. Hago un llamado urgente a la gobernadora Rocío Nahle, al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, a la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez, al ORFIS y a la Auditoría Superior de la Federación para que tomen cartas en el asunto», expresó.
Por su parte, el diputado local Ramón Díaz Ávila confirmó que ya existe una denuncia penal interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por las amenazas de muerte.
Adelantó que llevará el caso ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado para citar a comparecer a las autoridades de Lerdo de Tejada, al advertir que en este municipio el exalcalde continúa ejerciendo el poder de facto a través de la actual presidenta municipal.
