El ‘compungido’ Lima Franco
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Uno de los que más se conmovieron con el sorpresivo deceso del maestro Atanasio García Durán fue José Luis Lima Franco, quien en los seis años de la anterior administración morenista despachó como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
La noche de viernes pasado, al trascender el fallecimiento del padre del ex gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el economista pozarricense publicó en su cuenta de Facebook:
“En 2002 llegué a la ciudad de Xalapa; venía de Poza Rica, con la mochila cargada de ilusiones para estudiar la carrera de Economía en la UV. Mi padre, Genaro Lima Román, un sindicalista y priista de cepa, quería que siguiera sus pasos en la política e incluso me recomendó con un amigo suyo para iniciarme en ese camino. Sin embargo, el destino me tenía preparado algo distinto. Al paso de los semestres, el estudio de la filosofía, la economía política y los debates apasionados fuera de las aulas encendieron en mí una chispa que me inclinó hacia la izquierda.
“Fue en el 2004 cuando conocí al Maestro Atanasio, entonces diputado local del PRD y auténtica expresión de la izquierda veracruzana. Ser de izquierda hoy en día es fácil, cómodo y hasta camaleónico. Pero en el 2004 era una verdadera resistencia. Significaba tener una fuerte convicción para cambiar las cosas, poseer una sólida formación ideológica e ir contracorriente, arriesgándolo todo por mantener los principios intactos.
“Aquel diputado, con su congruencia, su discurso honesto y su calidez humana, me enseñó que la política no se hace para buscar privilegios, sino para servir.
“Hoy nos toca despedir a un verdadero referente de la izquierda Veracruzana, un maestro de vida. Se apaga una voz necesaria, pero nos queda su ejemplo, sus consejos y la enorme responsabilidad de honrar su legado en cada paso que demos.
“Buen viaje y gracias por todo, Mtro. Atanasio.”
Un desencantado amigo de Lima Franco, que nos envió esta publicación, comentó: “¿Por qué cree usted que finalmente la gobernadora no lo ratificó en la Sefiplan, tal como la señora Rocío Nahle lo había anunciado un mes antes de tomar posesión?”. Según la versión de este lector, ex condiscípulo de Lima en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), uno de los principales motivos es que el ex secretario de Finanzas no pudo o no quiso, quién sabe por qué interés personal, resolver el problema de la deuda bursátil que el ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán les enjaretó a la mayoría de los 212 ayuntamientos desde 2008, y que ahora Nahle y su operador financiero Miguel Santiago Reyes Hernández han finiquitado, ya que a municipios como el de Coatzacoalcos, la tierra adoptiva de la mandataria veracruzana, le venían reteniendo de sus participaciones federales cerca de 100 millones de pesos al año –o sea, alrededor de 9 millones de pesos cada mes– por el pago de intereses por el pago de intereses.
Otro caso fue la sospechosa inversión de más de 300 millones de pesos –recursos asignados al Sector Salud– que fueron depositados en Accendo Banco, cuando esta institución financiera estaba en riesgo de quiebra. El 28 de septiembre del 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) le había revocado, por malos manejos financieros, la autorización d para operar como institución de banca en el país. Juan Pablo Graf, presidente de la CNBV, informó que dicha comisión a su cargo llevó a cabo las acciones que le correspondían, ya que entre marzo y septiembre de ese año “se hicieron revisiones al banco y se determinaron acciones de incumplimiento de liquidez y capital”.
A principios de enero de este año, el secretario Reyes Hernández informó que de los nueve estados defraudados sólo en Puebla –su entidad natal– ya se había ejercido acción legal contra la ex secretaria poblana de Finanzas, María Teresa Castro Corro, quien en octubre de 2025 fue inhabilitada para ocupar cargos públicos por 20 años y se le aplicó una sanción económica por 362 millones de pesos, al comprobarse su responsabilidad en la fallida inversión gubernamental por casi 810 millones de pesos en la quebrada institución bancaria.
Reyes dijo desde entonces que, aquí, su jefa Rocío Nahle ya había instruído analizar el expediente de las investigaciones sobre ese dinero perdido. “Ya nos pasó la Secretaría de Salud toda la información respecto a esto que nos están comentando y la señora gobernadora dará a conocer cuáles van a ser las acciones que se van a emprender para buscar recuperar ese recurso que se perdió”.
El titular de la Sefiplan aseguró que este caso no quedará impune y que obtendrán el recurso de regreso y se buscará a las personas responsables conforme a las investigaciones, “porque al final es un dinero público, de los veracruzanos y las veracruzanas”.
Pero, hasta ahora, no se ve que vayan a proceder contra Lima Franco, quien hace casi un año, el 19 de septiembre de 2025, fue designado director general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (Indetec), un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal creado en 1973 y cuya sede como Asociación Civil se encuentra ubicada desde entonces en Guadalajara, Jalisco.
Pero Lima no es el único responsable, pues el 6 de junio de 2023, en medio de este escándalo, el entonces gobernador Cuitláhuac García afirmó que, “por fortuna, Hacienda intervino al banco antes de que se declarara en quiebra. Y nosotros hicimos la petición –de devolución del dinero– antes”, cuyo monto total fue de 357 millones 900 mil pesos.
Entrevistado por reporteros de medios xalapeños, García Jiménez explicó en aquél momento que “la intervención de Hacienda puso a salvo los recursos que la entidad tenía ahí”, y que “ya, con esa garantía, nosotros no tenemos ningún problema”, lo que el año pasado desmintió el secretario de Finanzas de Rocío Nahle, su sucesora.
A principios de septiembre de 2023, el reportero Jorge García Orozco, del diario digital EME EQUIS (m-x.com.mx), publicó que según la liquidación judicial expediente 308/2021 elaborado por el Juzgado décimo primero en Materia Civil de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Federación elaborada el 9 de marzo de ese año, Accendo Banco debía liquidar todavía a 407 acreedores en total, de los cuales, 15 eran entidades de gobierno.
“En conjunto Accendo Banco todavía debe a sus acreedores 5 mil 840 millones 982 mil 324 pesos, sobre esto, el Instituto para Proteger el Ahorro Bancario (IPAB) definió, con base a la Ley de Instituciones de Crédito, las cuentas con prioridad de pago. Siendo las entidades gubernamentales que pidieron dinero las cuartas en orden de importancia, ya que primero tienen que pagar a tres bloques antes que a las entidades de gobierno. Primero deben de indemnizar a los trabajadores por sueldos y salarios caídos (30 millones 626 mil pesos), luego deben indemnizar los créditos laborales (7 millones 933 mil pesos), y al final, créditos de obligaciones garantizadas (mil 314 millones de pesos)”, detalló el reportero.
Y desmenuzó que, de esta deuda, 3 mil 041 millones de pesos correspondían a instituciones de gobierno, siendo los acreedores más afectados: Gobierno del Estado de Puebla, con 809 millones 996 mil pesos; Gobierno del Estado de México, con 112 millones de pesos; Gobierno del Estado de Hidalgo, con 807 millones de pesos; Gobierno del Estado de Tamaulipas, con 205 millones de pesos; Servicios de Salud de Hidalgo, 57 millones de pesos; Gobierno del Estado de Oaxaca, 49 millones de pesos; Gobierno de Zapopan, Jalisco, 303 millones de pesos; Gobierno del Estado de Baja California, 51 millones de pesos, y Servicios de Salud de Veracruz, 357 millones 900 mil pesos.
¿Cuándo llamarán a cuentas al ‘compungido’ Lima Franco, quien salió millonario de la Sefiplan?
