Juan David Castilla
Un total de 12 perros fueron rescatados en la colonia Santa Rosa, ubicada en la zona sur de la ciudad de Xalapa, tras una intervención ciudadana y de colectivos animalistas que al ingresar a un domicilio hallaron evidencias de maltrato animal extremo, abandono y rastros que apuntan al uso de mascotas para rituales satánicos.
El operativo se realizó en la casa marcada con el número 64 de la calle Santa Teodora, donde vecinos de la zona reportaron la presencia de animales en deplorables condiciones de salud e higiene, así como la localización previa de perros sin vida.
La fundación «Conectando con el Corazón», encabezada por la activista Naxhieli Guadalupe Sánchez Mendoza, participó en las maniobras de auxilio logrando poner bajo resguardo inicial a siete caninos de talla mediana, mientras que los cinco restantes fueron extraídos durante la noche de este martes con el apoyo de la organización Ada Azul.
La activista reveló que el inmueble ya contaba con antecedentes de crueldad documentados hace un año, cuando tres perros fueron arrojados desde lo alto de la vivienda, provocando la muerte de dos de ellos.
Dichos hechos originaron la carpeta de investigación 73/2025 ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales (Fedayca); sin embargo, los defensores del bienestar animal señalaron que las indagatorias ministeriales han presentado un avance lento, lo que permitió que la violencia contra los animales continuara en el sitio.
Sánchez Mendoza detalló que durante el acceso a la propiedad, habilitado por los dueños del inmueble que buscaban recuperarla, se encontraron objetos, simbologías rituales y evidencias fotográficas aportadas por los colonos, entre las que destaca el caso de una hembra en estado de gestación severamente desnutrida.
Asimismo, se informó que la persona que habitaba el lugar ya se encuentra plenamente identificada, tratándose de un conductor de taxi del cual se tienen datos de la unidad.
Los animales rescatados fueron trasladados a albergues temporales para recibir valoración médica, mientras los activistas exigen el avance de las investigaciones ante la Fiscalía General del Estado.
