Juan David Castilla
Con un registro acumulado de 7 mil 232 personas desaparecidas en los últimos 19 años y la localización de al menos 400 fosas clandestinas en su territorio, el estado de Veracruz se posiciona como la segunda entidad a nivel nacional con el mayor número de entierros ilegales documentados, revelaron colectivos de familiares de víctimas durante las movilizaciones por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Durante la manifestación realizada en las calles de la capital veracruzana, integrantes de diversas agrupaciones de búsqueda señalaron que de la cifra total de personas ausentes en la entidad, 5 mil 857 corresponden a hombres y 1 mil 375 a mujeres.
María Antonieta Muñoz Roa, activista y madre de Guillermo Muñoz Roa —desaparecido en Xalapa el 16 de noviembre de 2011—, denunció la falta de avance en las carpetas de investigación, muchas de las cuales permanecen archivadas sin diligencias efectivas.
El pronunciamiento respaldó sus cifras con el informe especializado “Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024)”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana.
El estudio ubica a Veracruz solo por debajo de Guerrero (416 fosas) y por encima de Sonora (381), Guanajuato (294) y Jalisco (263). Asimismo, el municipio de Veracruz se coloca entre las cinco demarcaciones del país con mayor número de fosas halladas al registrar 101 puntos de inhumación clandestina, sumando un promedio superior a los 45 mil restos o fragmentos humanos recuperados en la entidad.
Los colectivos enfatizaron que Veracruz enfrenta una severa crisis humanitaria y forense que se enmarca en la emergencia nacional, donde los Servicios Médicos Forenses de todo el país acumulan cerca de 83 mil restos humanos sin identificar.
Ante este escenario, las familias exigieron a los tres niveles de gobierno presupuesto extraordinario para la identificación genética, reactivación de búsquedas en campo y voluntad política para atender la deuda social más profunda de la entidad.
