Juan David Castilla
La posible implementación del método de extracción por fracturación hidráulica (fracking) mantiene en alerta al estado de Veracruz, debido a la delimitación de zonas prioritarias para la explotación de hidrocarburos no convencionales identificadas dentro del territorio veracruzano a través de herramientas de monitoreo socioambiental.
De acuerdo con el análisis cartográfico impulsado por la organización CartoCrítica, la entidad veracruzana se sitúa en una posición vulnerable al cruzarse la delimitación de las provincias petroleras con potencial de gas y petróleo de lutitas (shale) y las áreas de recursos prospectivos proyectadas para este año 2026.
Aunque la discusión pública a nivel nacional suele centrarse en las cuencas del norte del país, como Sabinas-Burro-Picachos y Burgos, en la franja del Golfo de México la provincia petrolera Tampico-Misantla representa el principal foco de interés para la industria extractiva no convencional. Esta cuenca abarca una amplia porción del norte y centro del territorio veracruzano, donde históricamente se han identificado yacimientos de lutitas.
El uso del Mapa de Fracking permite identificar con precisión que la presión operacional no es homogénea en todo el estado, sino que se concentra fuertemente en municipios del norte de Veracruz, en la región Huasteca y la zona Totonaca, así como en franjas donde se ubican asignaciones y campos de extracción que colindan con el sur de Tamaulipas y el estado de Puebla.
El principal punto de preocupación para especialistas y defensores ambientales radica en las severas implicaciones que esta técnica de perforación puede generar en la región, no solo por la alteración de suelos y el riesgo de sismicidad inducida, sino por el elevado volumen de agua que requiere la fractura de rocas a gran profundidad.
En ese sentido, las agrupaciones ambientalistas advierten sobre los resultados que arrojará el cruce de estas áreas de interés hidrocarburífero con las capas de riesgo hídrico, toda vez que las cuencas de los ríos Pánuco, Tuxpan, Cazones y Tecolutla sustentan tanto el abastecimiento de agua para la población como las actividades agropecuarias y pesqueras de las que dependen miles de familias veracruzanas.
Ante la permanencia de proyectos y asignaciones con potencial no convencional, colectivos en la entidad continúan exigiendo a las autoridades federales un marco normativo definitivo que prohíba de manera tajante el uso de la fracturación hidráulica, garantizando el derecho a un medio ambiente sano y la protección de las cuencas hídricas del estado.
