Juan David Castilla
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que tres presidentes municipales se encuentran en calidad de prófugos de la justicia o no localizables, situación que utilizó para fundamentar y respaldar la iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso del Estado para eliminar el fuero a alcaldes y síndicos.
Los ediles señalados por las autoridades estatales son Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste; Bertín Bravo Montero, de Úrsulo Galván, e Isaac García Álvarez, de Coahuitlán.
Respecto a García Álvarez, la mandataria estatal precisó que la Fiscalía General del Estado (FGE) le emitió un requerimiento formal para comparecer por su presunta vinculación en un hecho de violencia con disparos de arma de fuego registrado en una fiesta patronal en Chumatlán, donde una menor de edad resultó lesionada.
“Se le mandó una notificación, no se ha presentado. Ha dicho su cabildo que no está en el sitio”, declaró la gobernadora sobre la inasistencia del edil de Coahuitlán ante las instancias ministeriales.
En los casos de Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, ambos emanados del partido Movimiento Ciudadano, el Congreso local aprobó retirarles el fuero constitucional desde el pasado mes de agosto a solicitud de la FGE.
González Martínez es investigado por su probable participación en la privación de la libertad y homicidio de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, mientras que Bravo Montero enfrenta un proceso vinculado a la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta.
Ante los cuestionamientos sobre el origen partidista de la propuesta, Nahle García rechazó que la iniciativa busque vulnerar a las fuerzas de oposición en el estado, asegurando que la eliminación del fuero aplicará para cualquier servidor público municipal sin distingo de siglas.
“No es contra un partido o contra otro, sea del partido que sea, incluyendo Morena, que es mi partido”, sostuvo.
La propuesta enviada al Poder Legislativo busca reformar el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de Veracruz para suprimir la declaración de procedencia en el Congreso, permitiendo que las autoridades judiciales procedan penalmente de forma directa contra ediles acusados de la probable comisión de delitos durante su gestión.
Asimismo, la gobernadora sugirió a los institutos políticos someter a sus aspirantes municipales a revisiones previas a través de Plataforma México.
