Mesa de Redacción
Ayahualulco: 24 millones de preguntas que exigen respuestas
Enrique Yasser Pompeyo
En Ayahualulco hay una cifra que difícilmente puede pasar desapercibida: 24 millones 175 mil 593 pesos con 36 centavos.
No es una cantidad menor, ni un asunto que pueda perderse entre los trámites burocráticos de una administración municipal.
Es el monto que, de acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 difundidos por el ORFIS, corresponde a observaciones que hacen presumir un posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal.
El periodo fiscalizado corresponde a la administración que encabezó el entonces alcalde Arturo Morales Rosas.
La actual presidenta municipal, Claudia Liliana Castillo Pimentel, decidió no convertir el asunto en una sentencia política anticipada.
Su postura es esperar a que las autoridades fiscalizadoras hagan su trabajo, informar a la ciudadanía y colaborar con las instituciones.
Pero, si el órgano fiscalizador encuentra observaciones por más de 24 millones de pesos, la pregunta es: ¿qué pasó con esos recursos?
Esa pregunta pertenece a la ciudadanía. Más aún cuando, de acuerdo con la información publicada sobre el resultado de la fiscalización, una parte considerable del monto señalado —18 millones 384 mil 41 pesos con 62 centavos— corresponde a observaciones derivadas de la auditoría técnica a la obra pública.
Eso coloca el asunto en un terreno especialmente sensible. Cuando se habla de recursos municipales no se habla únicamente de números contenidos en una hoja contable.
Se habla de caminos, obras, servicios, infraestructura, atención a comunidades y necesidades que en municipios como Ayahualulco tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población.
Por eso, los 24.1 millones de pesos no deberían convertirse simplemente en una cifra para el debate político. Deben convertirse en documentos, explicaciones y respuestas.
La alcaldesa Liliana Pimentel ha señalado que su administración continuará colaborando con las autoridades y dando seguimiento a los procedimientos correspondientes.
También ha planteado que la ciudadanía debe conocer qué ocurrió con los recursos públicos. Ahí está el punto central.
La transparencia no consiste solamente en publicar que existe una observación.
La verdadera rendición de cuentas comienza cuando se explica con precisión qué se observó, qué documentación existe, qué se logró solventar y qué determinaciones finales adopten las autoridades competentes.
El ORFIS mantiene precisamente un procedimiento de fiscalización que contempla distintas fases, incluida la determinación de responsabilidades y, en su caso, el fincamiento de indemnizaciones y sanciones.
La administración anterior tendrá, en el marco del procedimiento, la posibilidad de aportar las pruebas y aclaraciones que considere pertinentes. Las autoridades deberán determinar, conforme a la ley, cuáles observaciones quedan solventadas y cuáles generan responsabilidades.
Mientras tanto, Ayahualulco tiene derecho a preguntar. Tiene derecho a saber. Tiene derecho a exigir que cada peso público pueda ser explicado.
La declaración de Lili Pimentel es directa: “la rendición de cuentas no debe quedarse en palabras”.
Ahora corresponde que el proceso avance. Que se conozcan los documentos. Que se expliquen las observaciones. Que se presenten las solventaciones, si las hay. Y que, al final, las instituciones determinen las responsabilidades que correspondan.
24 millones 175 mil 593 pesos con 36 centavos no son solamente una cifra dentro de un informe de fiscalización.
Son 24 millones de razones para que Ayahualulco exija claridad sobre el destino de sus recursos públicos. En materia de rendición de cuentas, la ciudadanía no debería conformarse con menos.
enriquepompeyo@hotmail.com
