Juan David Castilla
La postura del Gobierno de México ante el informe y las recomendaciones del exrelator de Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marco Orellana, encendió las alarmas de organizaciones ambientalistas y comunidades rurales en el estado de Veracruz, donde la amenaza del fracking o fracturamiento hidráulico mantiene un antecedente de alto impacto ambiental y social.
Durante la comparecencia de la representación mexicana ante el Sistema de las Naciones Unidas, el Estado reiteró su disposición para trabajar de manera constructiva con el Relator Especial y la Oficina del Alto Comisionado en materia de derechos humanos. Sin embargo, activistas locales señalaron que estas declaraciones resultan incongruentes frente a la política energética impulsada a nivel federal.
La preocupación en la entidad se intensificó tras el anuncio oficial realizado en la conferencia matutina del pasado 6 de agosto, donde la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el desarrollo de pozos piloto de fracturación hidráulica en las cuencas del norte del país, como Burgos y Sabina-Burro-Picachos, para evaluar la viabilidad de extracción de hidrocarburos no convencionales y la presencia de agua salada.
Para la entidad veracruzana, esta reactivación del discurso técnico en torno a la exploración no convencional representa un riesgo inminente, dado que gran parte de la franja norte del estado, especialmente la cuenca del Papaloapan, la región del Totonacapan y los campos petroleros de Poza Rica y Papantla, ha sido históricamente susceptible a la asignación de bloques para la extracción de gas de lutitas y petróleo de cojinete.
Defensores del territorio y colectivos ambientalistas veracruzanos recordaron que el fracking implica el uso masivo de agua mezclada con sustancias químicas altamente tóxicas, lo que amenaza con contaminar los mantos acuíferos, devastar la biodiversidad local y detonar episodios de sismicidad inducida en zonas rurales que ya enfrentan severos problemas de estrés hídrico.
Ante este panorama, organizaciones sociales en Veracruz se sumaron al llamado nacional para exigir a la titular del Ejecutivo federal el cumplimiento estricto de los compromisos asumidos de no permitir la fracturación hidráulica, demandando la emisión de un decreto o reforma legal que prohíba definitivamente esta práctica en todo el territorio veracruzano y en el país.
