Juan David Castilla
La representación legal y familiares de Miguel Antonio Espinoza Vega, estudiante de 22 años de la Escuela Normal de Xalapa hallado sin vida en la vía pública, exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) citar a declarar a las personas que convivieron con él durante sus últimas horas y revisar las pruebas videográficas que sugieren un presunto homicidio y no un accidente de tránsito.
Armando Hernández Castro, asesor jurídico de la familia del joven originario de Sabanas de Xallostoc, municipio de Coxquihui, acudió a la capital veracruzana para señalar omisiones e inconsistencias en la carpeta de investigación iniciada tras la localización del cuerpo sobre la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del municipio de Emiliano Zapata.
El abogado desestimó la versión preliminar de las autoridades que apuntaba a un presunto arrollamiento vial, sosteniendo que no existe un peritaje ni dictamen forense concluyente que sustente dicha tesis.
Por el contrario, existen elementos que orientan el caso hacia un hecho doloso registrado tras la desaparición del estudiante de la Licenciatura en Telesecundaria el pasado 31 de agosto de 2026.
Entre las pruebas que la defensa exige integrar de manera formal al expediente destaca un video difundido en redes sociales, en el cual se aprecia el momento en que el cuerpo de la víctima es arrojado desde un automóvil en movimiento sobre la cinta asfáltica. Ante esto, urgió la identificación del vehículo mediante las cámaras del C4 y la localización de sus ocupantes.
Asimismo, Hernández Castro cuestionó que las autoridades no hayan requerido la comparecencia de un amigo del normalista, persona con la que convivió horas antes de su deceso en el establecimiento denominado bar «Mala Copa», ubicado en Cerro Gordo, municipio de Emiliano Zapata.
Aunado a ello, la familia de la víctima detalló que durante la diligencia de reconocimiento del cadáver, el padre de Miguel Antonio constató la presencia de golpes contusos y lesiones severas en el rostro que no corresponden a la mecánica de impacto de un atropellamiento vehicular.
A más de un mes del deceso del estudiante originario del norte de Veracruz, la representación legal solicitó la pronta intervención de las autoridades estatales para acelerar las diligencias, desahogar las testificales pendientes y agotar todas las líneas de investigación que permitan esclarecer las circunstancias del caso y dar con los responsables.
