Juan David Castilla
A pesar del persistente subregistro de casos, en los últimos 20 años al menos una decena de expedientes judiciales y denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) han señalado a sacerdotes de la Iglesia Católica en Veracruz por el delito de pederastia y abuso sexual en agravio de menores de edad.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han advertido de manera reiterada sobre la existencia de una cifra “negra” en la entidad, debido a que tradicionalmente se ha recurrido al traslado de párrocos señalados entre municipios e incluso a acuerdos extrajudiciales con las familias de las víctimas para frenar el avance de las investigaciones penales.
El historial de investigaciones dentro de las diócesis veracruzanas ha dejado al descubierto patrones de impunidad que han comenzado a quebrantarse mediante la intervención de las autoridades ministeriales.
Uno de los procesos penales más recientes y de mayor impacto mediático derivó en la detención y vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa del sacerdote Mario «N» por pederastia agravada.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el imputado habría cometido agresiones sexuales continuadas durante al menos cuatro años contra una menor mientras ejercía sus funciones religiosas en templos de la zona centro, específicamente en municipios como Tierra Blanca y Cuitláhuac.
De manera similar, en la región sur de la entidad las autoridades ministeriales abrieron investigaciones formales contra el sacerdote José Miguel «N», en el municipio de Texistepec, tras acusaciones por presunto acoso y abuso sexual en contra de menores de dicha comunidad.
A este panorama se suman denuncias en el periodo de 2006 a 2026 que involucran a clérigos en demarcaciones como Córdoba, Orizaba y la propia capital del estado, si bien varios expedientes han quedado en el rezago o fueron truncados por la huida de los religiosos acusados.
