Juan David Castilla
Integrantes del colectivo Familiares Enlaces Xalapa se manifestaron frente a Palacio de Gobierno en el marco de las festividades del Día de Muertos para recordar a la sociedad y a las autoridades gubernamentales que sus seres queridos no están muertos, sino desaparecidos, y que la búsqueda continua sin obtener avances sustanciales por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Victoria Delgadillo Romero, representante de la agrupación y madre de la joven Yuneri Citlalli Hernández Delgadillo, quien cumplirá 15 años desaparecida este próximo 28 de noviembre, recriminó que mientras las autoridades destinan recursos e inversión logística en celebraciones del 1 y 2 de noviembre, la agenda de búsqueda de personas sigue paralizada.
La activista señaló que la constante rotación de personal y los cambios en las titularidades de las fiscalías especializadas representan un grave retroceso operativo, ya que los nuevos mandos reinician las investigaciones desde cero, desconociendo el trasfondo y el historial de las carpetas de investigación.
“Nosotros seguimos en la lucha. Para ellos, los cambios en el gobierno los hacen a como les conviene o como quieren, pero no se dan cuenta de que nos afectan a nosotros. Cada nuevo fiscal viene otra vez a empezar de ceros con nuestras carpetas y eso sí es un problema», aseveró Delgadillo Romero.
Asimismo, cuestionó la efectividad de las instituciones ante la falta de diálogo directo y la paralización de las mesas de trabajo que mantienen pendientes con las autoridades estatales.
La madre de familia recordó la urgencia de mantener activos los expedientes de casos emblemáticos en la capital veracruzana, como la desaparición masiva ocurrida el 28 de noviembre, donde su hija Yuneri Citlalli desapareció en Xalapa junto con un grupo de 13 jóvenes.
A la fecha, confirmó que ninguna de las personas de ese grupo ha sido localizada ni se han registrado avances ejecutivos en las líneas de investigación conducentes.
El colectivo reiteró que continuará con las acciones de visibilización y exigencia pública en las plazas del estado, al tiempo que insistió en que los apoyos institucionales para las diligencias de campo son canalizados a través de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, exigiendo que la Fiscalía cumpla con su deber constitucional de procurar justicia.
