Juan David Castilla
Habitantes de la comunidad Manuel María Contreras, en el municipio de Coatzintla, al norte de Veracruz, demandaron la intervención de las autoridades fiscalizadoras para llamar a cuentas al exalcalde César Ulises García Vázquez y a la empresa constructora contratada durante su gestión, tras dejar abandonada y “a medias” la edificación de un puente vehicular.
Los inconformes exigieron que ambos entes aclaren públicamente el destino de los recursos presupuestales asignados al proyecto, el cual fue prometido como una solución integral para la movilidad de la zona pero terminó convertido en un monumento a la impunidad.
De acuerdo con los testimonios de los residentes, la obra contemplaba no solo la estructura del paso vehicular sobre las calles Francisco I. Madero y Óscar Torres Onacardo, sino también, la instalación de alumbrado público, banquetas y barandales de protección.
Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos sin que se concluyeran los elementos básicos de seguridad, dejando la infraestructura inoperante y obligando a los colonos de los sectores aledaños a transitar diariamente por un tramo de alto riesgo.
La indignación ciudadana se intensificó al constatar la discrepancia entre el estado físico de la construcción y los informes oficiales presentados ante los órganos de control.
En el portal de transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), la obra identificada con el folio 2025300400111 aparece reportada como concluida 100 por ciento desde el mes de noviembre de 2025.
Los pobladores señalaron que existe un evidente desvío o negligencia que debe ser investigado a fondo por las autoridades competentes.
Los afectados exhortaron a la actual administración municipal de Coatzintla y a los auditores del Orfis a iniciar un procedimiento de revisión física e instrumental sobre el expediente técnico de la obra.
Argumentaron que es inadmisible que los exservidores públicos abandonen sus cargos sin responder por proyectos inconclusos que fueron liquidados en el papel, por lo que solicitaron que se apliquen las sanciones administrativas y penales correspondientes contra quienes resulten responsables de haber avalado la recepción de una infraestructura defectuosa e incompleta.
La comunidad de Manuel María Contreras reiteró que su exigencia no responde a intereses políticos, sino a la urgente necesidad de contar con una vía de comunicación digna y segura.
Los vecinos manifestaron que mantendrán la presión social y ciudadana hasta que la empresa constructora retome las labores en el sitio.
