Juan David Castilla
El reclamo de justicia de las familias que buscan a sus seres queridos provocaron la paralización de actividades en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Poza Rica, luego de que integrantes de diversos colectivos procedieran a la toma del inmueble la mañana de este jueves 5 de noviembre.
Los manifestantes denunciaron abiertamente que las autoridades ministeriales han dejado en el olvido las minutas de trabajo y los acuerdos previamente pactados con las organizaciones civiles, dejando a las familias en una situación de indefensión y estancamiento operativo en la zona norte del estado de Veracruz.
Los integrantes del colectivo Unidas por Amor a Nuestros Desaparecidos acusaron el incumplimiento de los compromisos que formalmente asumió la fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, durante las mesas de diálogo sostenidas con las representaciones de los 71 colectivos de búsqueda que operan a lo largo del territorio veracruzano.
Las mujeres e integrantes de los grupos de rastreo señalaron que las promesas de apertura institucional, comunicación permanente y acompañamiento técnico que fueron comprometidas por la titular del organismo autónomo han quedado reducidas a discursos sin aplicación práctica en los juzgados y mesas de investigación.
Noemí Céspedes, hermana de Beatriz Rodríguez Céspedes, desaparecida el 26 de marzo de 2022, expresó que, lejos de encontrar facilidades para avanzar en los procesos de localización, la labor cotidiana se ha visto entorpecida por la persistencia de trabas burocráticas e indolencia por parte del personal de la Fiscalía Regional.
Denunció que los expedientes relativos a la desaparición de sus familiares permanecen archivados o registran avances nulos, mientras que las solicitudes para programar diligencias de prospección e intervención en campos de búsqueda son diferidas continuamente por la falta de voluntad operativa y la carencia de recursos destinados a las periciales en la franja metropolitana de Poza Rica.
Las familias decidieron cercar las oficinas y restringir el acceso a los funcionarios, advirtiendo que la protesta se mantendrá firme hasta que las autoridades estatales garanticen una mesa de trabajo resolutiva con capacidad de decisión.
Manifestaron que no aceptarán más dilaciones ni promesas vacías por parte de los mandos medios, exigiendo la presencia de mandos con facultad para destrabar los trámites y restituir los canales de comunicación que permitan transparentar los avances en las carpetas de investigación.
Los colectivos indicaron que la toma de la sede de la Fiscalía no representa un acto aislado, sino una medida extrema provocada por el desgaste emocional, financiero y físico al que son sometidas las familias de manera sistemática.
Reafirmaron que continuarán movilizados en Poza Rica y en los municipios circunvecinos hasta que la Fiscalía General del Estado asuma con responsabilidad la crisis forense y de búsqueda que atraviesa la entidad.
