Juan David Castilla
Familiares de las tres personas procesadas judicialmente por la desaparición y muerte del menor Daniel Maximiliano denunciaron que el inmueble asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) en la capital veracruzana ha sido objeto de constantes robos, saqueos y desmantelamiento.
La propiedad se ubica sobre la calle Río Santiago en la colonia Benito Juárez de Xalapa, misma que quedó en custodia policial permanente tras las aprehensiones de los señalados, situación que permitió a personas desconocidas forzar los accesos y sustraer sistemáticamente los bienes materiales que se encontraban en su interior.
El inmueble cobró relevancia procesal desde el pasado 15 de septiembre de 2026, fecha en que las autoridades ministeriales localizaron el cuerpo sin vida del menor de cuatro años de edad, quien había sido reportado como desaparecido dos días antes.
Derivado de las investigaciones de campo, el 18 de septiembre la FGE ejecutó la aprehensión de Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, madre y hermana del primero de ellos, imputándoles presunta participación en los hechos delictivos. No obstante, tras concretar las detenciones y aplicar el aseguramiento precautorio sobre el domicilio, la dependencia omitió mantener una guardia de vigilancia continua en la escena.
De acuerdo con los testimonios presentados por los allegados a los procesados, la vulneración del sitio se hizo evidente durante recorridos periódicos de supervisión, en los cuales detectaron puertas abiertas, luminarias encendidas y los sellos oficiales de la fiscalía violados.
Pese a formular reportes de auxilio al número de emergencias 911 que derivaron en intervenciones esporádicas de la Policía Municipal, la rapiña en el domicilio se intensificó.
El 16 de octubre vecinos de la zona frustraron el robo de un tanque de gas por parte de un sujeto que escaló la barda perimetral, mientras que entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre personas ajenas rompieron las protecciones con estructuras metálicas para despojar la casa de muebles y enseres domésticos.
Los denunciantes recriminaron que la falta de resguardo por parte del organismo autónomo no solo propició la pérdida del patrimonio familiar de los indiciados, sino que dejó expuesto un inmueble sujeto a investigación ministerial a intrusiones no autorizadas que derivaron en su uso como refugio nocturno.
A esta problemática sumaron las trabas administrativas impuestas por el Ministerio Público para formalizar las querellas correspondientes por la sustracción de bienes, bajo el argumento inicial de que los promoventes carecían de personalidad jurídica por encontrarse los propietarios privados de la libertad, registrando finalmente el expediente únicamente por la figura de quebrantamiento de sellos.
Ante el retiro intermitente de la pareja de elementos policiales asignados temporalmente por la fiscalía tras las quejas, los familiares informaron que se vieron en la necesidad de colocar cadenas y candados de forma particular sobre los accesos de la vivienda.
Los inconformes exigieron al organismo procurador de justicia asumir la custodia formal de la propiedad asegurada y garantizar la preservación de la escena, frenando las omisiones de resguardo que han derivado en la pérdida de la totalidad de las pertenecías del domicilio.
