Juan David Castilla
Los impactos ambientales y de salud pública documentados a lo largo de 150 días de exposición continua a sustancias tóxicas tras la explosión del pozo petrolero convencional Krem-1 en Las Choapas, al sur de Veracruz, reafirman la urgencia de que el Gobierno de México invierta y priorice una transición energética justa en el país, sostuvo la Alianza Mexicana contra el Fracking.
La organización civil afirmó que el colapso operativo de esta infraestructura extractiva evidencia la vulnerabilidad estructural del modelo energético actual, insistiendo en que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles representa la única vía soberana para garantizar la seguridad nacional y frenar la degradación de los ecosistemas locales.
La agrupación especialista en política ambiental señaló que el siniestro en el yacimiento petrolero ha dejado una secuela devastadora en la población aledaña, contabilizando a más de 3 mil personas con padecimientos como irritación ocular, migrañas recurrentes, afecciones estomacales y severas lesiones cutáneas derivadas de la inhalación constante de volátiles tóxicos.
A este saldo sanitario se suman estragos socioeconómicos irreparables en las comunidades rurales, caracterizados por la mortandad de ganado, la pérdida de cosechas agrícolas y la contaminación por agua aceitosa e hidrocarburos en pozos de captación, piletas de almacenamiento y arroyos comunitarios que abastecen a las familias de la zona.
Ante este escenario de crisis socioambiental, la alianza dirigió una exigencia categórica a Petróleos Mexicanos (Pemex), a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que asuman de manera integral, transparente y con visión de largo plazo la reparación de los daños causados tanto a los habitantes como al territorio impactado por el yacimiento Krem-1.
Asimismo, los colectivos hicieron un llamado riguroso a los órganos reguladores del Estado para que cumplan con sus obligaciones constitucionales de supervisar, controlar y fiscalizar el estricto apego a las normativas de seguridad e higiene en las operaciones de extracción, abarcando a firmas públicas y empresas privadas.
La Alianza Mexicana contra el Fracking remarcó que las contingencias recurrentes en la industria extractiva demuestran que la quema y refinación de hidrocarburos resulta insostenible a largo plazo.
La alianza instó a la administración federal a redirigir la inversión pública hacia fuentes renovables limpias y modelos comunitarios de generación eléctrica, advirtiendo que la postergación de la transición energética continuará cobrando un alto costo en vidas humanas, biodiversidad y viabilidad ambiental para las futuras generaciones.
