¿Le preocupa ‘Somos’ a la 4T?
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Después de todas las trabas legaloides que el Instituto Nacional Electoral, presidido por la defenestrada Guadalupe Taddei, le puso al nuevo partido Somos para obtener su registro condicionado –desde el ajuste de su nombre original (Somos México) hasta la fallida presión para obligarlo a que cambiara su color distintivo, que es el rosa que oficialmente usaba el INE–, ahora pareciera que lo quieren dejar sin algunos potenciales candidatos que pretendería impulsar para el debate en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Y es que anteayer, por unanimidad, el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), bajo control del régimen de la 4T, confirmó la sanción contra Rosario Robles Berlanga, ex jefa del Gobierno de la Ciudad de México, ex dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y ex titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), lo que le impedirá desempeñar por un año empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal, por haber falseado su declaración patrimonial.
El procedimiento se inició tras detectarse la omisión de una cuenta bancaria a su nombre.
El diario La Jornada, muy afín a la 4T, reseñó que en septiembre de 2019 la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por 10 años a Robles Berlanga, quien fue secretaria de Estado en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, por “falta de veracidad en la declaración patrimonial” que presentó. Sin embargo, la ex lideresa y ex gobernante del extinto partido del sol azteca impugnó el fallo y un Tribunal Colegiado resolvió en contra de esa sentencia, lo que obligó a la autoridad administrativa a emitir un nuevo fallo, dictado en junio de 2023, y que establecía un año de inhabilitación.
Al analizar el juicio promovido contra esa resolución, bajo el argumento de que se estaba juzgando dos veces por la misma falta, el TFJA descartó que se hubiera vulnerado el debido proceso o el principio que impide sancionar dos veces por los mismos hechos, ya que la resolución de 2023 da continuidad a la de 2019. La inhabilitación no es retroactiva a 2019 ni a 2023. Y su aplicación surte efecto a partir de la notificación de la resolución que emitió anteayer el pleno del TFJA.
En octubre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró por completo el caso contra la ex secretaria de Desarrollo Social por ejercicio indebido del servicio público, en el que se le acusó de omisiones en un fraude entre dependencias, “empresas fantasma” y universidades con el desvió de más de 5 mil millones de pesos.
Otro caso sería el de María Amparo Casar, presidenta de la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), contra la cual la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó desde hace dos años una investigación por presuntas irregularidades en la obtención de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la polémica muerte de su esposo en 2004.
Según documentos del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó una audiencia inicial para imputar a la presidenta de MCCI y a dos personas más por su probable participación en el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
Dicho ilícito puede aplicarse tanto a servidores públicos que otorguen beneficios económicos indebidos como a particulares que los soliciten o promuevan. Este delito contempla penas de seis meses a doce años de prisión y multas de 30 a 150 días; sin embargo, no es considerado grave, por lo que, incluso en caso de vinculación a proceso, los señalados podrían continuar su defensa en libertad.
En mayo de 2024, el entonces director de Pemex y actual titular del Infonavit, Octavio Oropeza Romero, aseguró que María Amparo Casar habría c0ausado un daño patrimonial estimado en 31 millones de pesos, tras recibir mensualmente alrededor de 125 mil pesos durante alrededor de 20 años.
Y otro al que últimamente le han echado la caballería encima ante la crisis del INE generada por las corruptelas de Taddei, es a Lorenzo Córdova, ex presidente del órgano electoral, a quien incluso los anti-4T ya lo andan candidateando desde ahora para la sucesión presidencial de 2030.
¡¡¡Órale!!
Propone la UNAM al veracruzano Raúl Contreras para la Junta de Gobierno de los Talleres Gráficos de México
Antes de viajar a China, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Viridiana Gabriela Yáñez Rivas como la nueva titular de Talleres Gráficos de México.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó que Yáñez Rivas, doctora en Políticas Públicas, ingresó a Talleres Gráficos de México en diciembre de 2025 y se desempeñó como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos, donde se encargaba de la revisión de cotizaciones y gestión de certificaciones ISO, así como de la planeación institucional, sistematización de bases de datos y documentación.
La funcionaria es muy cercana al antiguo director general de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López, quien el 1 de octubre de 2025 fue designado por la presidenta Sheinbaum Pardo. Pero Chávez Pardo, muy allegado a la jefa del Ejecutivo federal, dejó la titularidad del organismo en abril de este año tras ser electo por la Cámara de Diputados como consejero del INE para el periodo 2026–2035.
En representación de la presidenta Sheinbaum, la secretaria de Gobernación presentó un decreto para el Fortalecimiento de Talleres Gráficos de México, el cual incluye dos fases en materia de reestructura, para garantizar transparencia y formular una Ley de la Imprenta Nacional de México.
En ese sentido, Rosa Icela Rodríguez informó sobre las modificaciones a la Estructura Orgánica, entre los cambios se incluyen a tres consejeros y consejeros independientes, designados por directores e instituciones de educación superior, como Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien propuso al académico Ángel Eustorgio Rivera González, un profesor, investigador de tiempo completo de la UPIICSA y coordinador de la Red de Desarrollo Económico. Es ingeniero industrial, maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad, y doctor en Filosofía en Administración.
Su experiencia comprende sistemas de calidad, gestión, organizacional y gestión del conocimiento”, explicó Rosa Icela Rodríguez.
Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, propuso al abogado oriundo de Banderilla, Veracruz, Raúl Juan Contreras Bustamante, ex director y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, con una trayectoria de casi 38 años. Tiene dos doctorados de Derecho, así como dos honoris causa, es investigador Nacional Nivel III y fue director de la Facultad de Derecho desde 2016 y hasta 2024.
Mientras que el rector del Tecnológico de Monterrey, Juan Pablo Murra Lascurain, designó para esta tarea a Josefina Cortés Campos, actual decana de la región Ciudad de México de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en dicha institución. Es licenciada en Derecho por el ITAM y doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II.
Obviamente, la designación de estos prestigiados académicos es para disipar dudas y sospechas ante la nueva carga de trabajo asignada a los Talleres Gráficos de México, dependiente de la Segob, que ante la crisis del INE generada por la corrupta red de contratistas coludidas con la ex presidenta Guadalupe Taddei, ahora tendrá la responsabilidad de imprimir las boletas y demás papelería electoral, tanto para los comicios federales como para los estatales.



