Hora cero
El informe, la prórroga y el rechazo al rector de la UV
Luis Alberto Romero
El cuarto informe del rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, estuvo marcado no solo por la exposición de avances institucionales, sino también por la decisión de la Junta de Gobierno de extender su periodo cuatro años más y por las voces críticas que cuestionan el procedimiento y el rumbo de la institución.
En su mensaje, el rector destacó logros como el incremento en la matrícula y la consolidación de programas de posgrado, lo que refleja un esfuerzo por fortalecer la cobertura y la calidad académica. También subrayó avances en infraestructura y proyectos de investigación, elementos que muestran una universidad activa y con presencia nacional e internacional. Estos resultados, visibles y medibles, dijo, ofrecen un balance positivo en la gestión del rectorado.
Sin embargo, el momento en que se dio a conocer la prórroga de su periodo puso en evidencia la fractura interna. La Junta de Gobierno oficializó la extensión en medio de críticas de un sector de la comunidad universitaria que considera que se vulneraron los procedimientos establecidos. De hecho, la sede del informe tuvo que modificarse debido a manifestaciones, lo que ya simboliza una distancia entre la rectoría y parte de la comunidad.
La oposición se cristalizó en un desplegado firmado por académicos, investigadores y consejeros universitarios, quienes calificaron la prórroga como “ilegal” y denunciaron exclusiones en la sesión del Consejo. Según el documento, la decisión de cambiar la sede del informe y la manera en que se aprobó la extensión del rectorado contravinieron la vida democrática universitaria. Para este grupo, la administración de Martín Aguilar privilegia la permanencia sobre el diálogo y rompe con la tradición crítica y plural de la máxima casa de estudios.
El dilema no es menor. Por un lado, los resultados académicos y administrativos podrían avalan la continuidad de un proyecto que ha buscado consolidar a la Universidad Veracruzana en varios frentes. Por el otro, la forma en que se otorgó la prórroga abre un debate sobre la legalidad, la transparencia y la legitimidad de las decisiones universitarias.
El fondo de la disputa no radica únicamente en la persona del rector, sino en el respeto a los procedimientos y en la preservación de una cultura institucional que históricamente ha defendido la autonomía y la participación.
La Universidad Veracruzana se encuentra, así, en una encrucijada: mantener la estabilidad o atender las voces que advierten sobre un deterioro en la vida interna y en el diálogo con la comunidad. Ambos elementos son esenciales: sin resultados tangibles la universidad pierde competitividad; sin legitimidad y consenso la autoridad se vuelve frágil.
Más que un triunfo o una derrota política, en la Universidad parece urgente la necesidad de abrir espacios de discusión y garantizar la transparencia, para que los próximos cuatro años no estén marcados por la desconfianza, sino por la construcción colectiva de una institución de educación superior que se debe, ante todo, a Veracruz.
@luisromero85
