Comunidad de Coatepec exige justicia por deceso de Daniel en anexo
Juan David Castilla
Una movilización ciudadana tuvo lugar en el pueblo de Coatepec durante este fin de semana, donde familiares y amigos demandaron a las autoridades el esclarecimiento de la muerte del joven Daniel “N”, ocurrido mientras se encontraba internado en el centro de rehabilitación «Ave Fénix».
La manifestación se desarrolló de forma pacífica, pero con una firme exigencia de justicia. Las personas se concentraron en la calle Quintana Roo, en el barrio Los Carriles. Después caminaron hacia el anexo, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas y posteriormente se trasladaron hacia el Palacio Municipal.
El caso ha consternado a los pobladores debido a las inconsistencias reportadas por los familiares de la víctima. Según el testimonio de los parientes, el joven fue ingresado en la institución con vida y en condiciones estables. No obstante, días después, el personal del centro les notificó el deceso, atribuyéndolo presuntamente a complicaciones de índole respiratoria.
La alarma social y la indignación se activaron al momento de la entrega del cuerpo, cuando los deudos observaron indicios de violencia física que contradicen la versión oficial proporcionada por el centro.
Ante esta situación, los familiares han expresado su convicción de que la muerte se produjo bajo circunstancias distintas a las reportadas, señalando una posible negligencia, maltrato o abuso dentro de las instalaciones.
Desde el parque “Miguel Hidalgo y Costilla”, el hermano de Daniel y sus conocidos indicaron que la búsqueda de la verdad será incesante.
“No cesaremos en nuestro empeño hasta que las autoridades correspondientes realicen una investigación exhaustiva y se determine la responsabilidad penal de quienes resulten involucrados en este lamentable suceso”.
Los manifestantes, quienes portaban pancartas y veladoras, instaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a asumir el caso con la máxima prioridad.
La protesta se amplió a una demanda generalizada para que se efectúe una inspección rigurosa y se fiscalicen las condiciones operativas de los diversos centros de rehabilitación en la región, ante el temor fundado de que existan otros casos silenciados de irregularidades o violación a los derechos humanos de los internos.
