Hora cero
Javier Duarte, ¿libre?
Luis Alberto Romero
La posible liberación anticipada de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, ha reabierto un debate que trasciende lo jurídico para adentrarse en lo político e incluso en lo moral. Después de casi ocho años en prisión y de haber cumplido más del 95 % de su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa, Duarte podría obtener su libertad en los próximos días.
Desde el punto de vista legal, su solicitud no es descabellada. La legislación penal mexicana permite la liberación anticipada a quienes hayan cumplido más del 70 % de su condena y mantengan buena conducta, además de no representar un riesgo para la sociedad. En ese sentido, Javier Duarte tiene derecho a solicitarla como cualquier otro ciudadano. Los jueces no pueden guiarse por juicios mediáticos o percepciones políticas, sino por la estricta aplicación de la ley. Si el exgobernador ha cumplido con los requisitos legales y administrativos, negarle ese beneficio sería una arbitrariedad.
Sus defensores sostienen que el castigo ya cumplió su propósito: sancionar, disuadir y restituir parcialmente la confianza en la justicia. Argumentan que mantenerlo en prisión por razones políticas o de revancha social no fortalecería el Estado de derecho, sino que lo debilitaría. Nadie —dicen— debería permanecer tras las rejas solo para satisfacer el enojo colectivo.
Sin embargo, la otra cara del debate es igualmente válida. Javier Duarte no fue un político cualquiera: su gobierno (2010–2016) simbolizó una de las etapas más oscuras de la historia reciente de Veracruz. Los casos de corrupción, el desvío multimillonario de recursos, el colapso del sistema de salud y el endeudamiento del estado dejaron una huella profunda en la vida pública de la entidad. Para muchos veracruzanos, su salida anticipada representa una afrenta, un recordatorio de que los poderosos siempre encuentran la manera de salir bien librados.
Además, no hay que olvidar que las sanciones económicas y administrativas derivadas de su gestión continúan sin resarcirse del todo. El daño patrimonial no se borra con una firma judicial, ni el descrédito institucional se repara con un certificado de buena conducta.
La liberación del ex gobernador, de concretarse, pondrá a prueba la madurez democrática de Veracruz. La justicia no puede ser venganza, pero tampoco puede ser olvido. Cumplir la condena no exime de la responsabilidad moral que implica haber gobernado un estado sumido en crisis y corrupción.
En cualquier caso, la salida de Duarte de prisión debe servir para abrir una discusión más profunda: ¿cómo evitar que la historia se repita? Porque más allá de nombres y fechas, lo que Veracruz necesita no es más escándalo, sino más memoria y más instituciones que impidan que un solo hombre vuelva a tener tanto poder sin rendir cuentas.
@luisromero85
