Juan David Castilla
Familiares de Erick Bello Alfaro, un motociclista de 28 años gravemente lesionado tras un accidente ocurrido el pasado 19 de octubre, denunciaron una serie de irregularidades, favoritismo institucional y corrupción en el proceso legal.
Señalaron directamente a Alan José Miguel Perea Fuentes como presunto responsable, cuyo padre, José Julián Perea Contreras, es Jefe del Departamento de Asesoría y Procedimientos Laborales en la Universidad Veracruzana (UV).
Durante la conferencia de prensa, Lorena Bello Alfaro, madre del joven, Daniela Luis Arieta y Emi Arieta, expusieron la situación crítica de la víctima junto a lonas que acusan el influyentismo del funcionario de la UV para proteger a su hijo.
Los familiares detallaron un cúmulo de inconsistencias que, aseguran, confirman la protección institucional. Afirmaron que el joven señalado como causante del choque no fue detenido, y se argumentó falsamente que era menor de edad a pesar de tener 19 años.
Denunciaron que elementos de la Guardia Nacional presuntamente se negaron a levantar el informe del accidente, y que, en un intento por destruir evidencia, cubrieron la sangre de Erick con cal en el lugar del impacto.
Además, acusaron a la Guardia Nacional de favoritismo hacia el presunto responsable y de contaminación y manipulación de la evidencia, incluyendo el acomodo de la unidad involucrada, a pesar de existir indicios de un supuesto intento de fuga.
La denuncia escaló hasta la Fiscalía, pues acusaron a la Fiscal número 8, Eva Teresa Gómez Valderrama, de negarse a recibir la documentación del asesor jurídico de la familia e, incluso, de insinuar que la familia de la víctima tendría que «juntar dinero para pagar los daños» al presunto responsable.
Por estos señalamientos, los afectados informaron que ya existe una carpeta de investigación contra la fiscal ante la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos.
La madre, Lorena Bello Alfaro, informó que Erick, quien es maestro de educación física y deportista, sufrió lesiones catastróficas: edema cerebral severo, múltiples fracturas, lesión en la pelvis, luxación de pierna y un trauma de maxilar que, a pesar de haber sido solicitado hace ocho días, aún no ha sido operado.
«Mi hijo está en cama, intubado, respirando artificialmente. Su vida cambió por completo. Pedimos justicia”, expresó la madre entre lágrimas. Las mujeres agregaron que, debido al estado de salud de Erick, ninguna ha podido trabajar, por lo que dependen del apoyo de amigos y familiares.
Las denunciantes exigieron sanciones a los elementos de la Guardia Nacional y a los servidores públicos que presuntamente manipularon el proceso. Pidieron la intervención directa de la gobernadora, pues acusan a José Julián Perea Contreras de usar su «posición y experiencia» para permitir el influyentismo.
Los familiares de la víctima solicitaron el cambio inmediato del fiscal del caso, sanciones a quienes manipularon la evidencia, la reparación total del daño físico, emocional y económico, y que el Centro de Alta Especialidad (CAE) programe la cirugía maxilofacial urgente de Erick.
Anunciaron que continuarán con protestas y acciones legales para lograr un proceso legal transparente, reiterando su rechazo a ser responsabilizados o a que se les obligue a pagar daños a la otra parte.
