Juan David Castilla
La extorsión se ha consolidado como el delito de mayor crecimiento en el estado de Veracruz durante el primer semestre de 2025, presentando un alarmante incremento del 60.7 por ciento en las carpetas de investigación, según revelan las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
La entidad veracruzana, gobernada por Rocío Nahle García, experimentó un repunte significativo en la incidencia, pasando de 56 casos denunciados en enero a 90 en el mes de junio del año en curso.
Este crecimiento coloca a Veracruz entre las cinco entidades del país con la mayor cantidad de víctimas de este delito, solo superada por estados como el Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México.
Los datos indican que los municipios de Xalapa, Veracruz (puerto) y Coatzacoalcos son los focos rojos donde se concentra el mayor número de denuncias.
El aumento en la extorsión ha generado una profunda preocupación entre la ciudadanía y, especialmente, en sectores productivos como el empresarial y el de transportistas, quienes son constantemente afectados por el cobro de «cuotas» o «piso» por parte de grupos delictivos.
Ante la escalada de violencia vinculada a este crimen, el Gobierno del Estado ha tomado medidas, como la publicación de un decreto en julio de 2025 para modificar el reglamento de la Fiscalía General del Estado.
Dicha reforma busca establecer una Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), un esfuerzo concentrado para combatir una práctica que, según la gobernadora, «vulnera la libertad de los ciudadanos».
Expertos en seguridad señalan que, a pesar de las cifras oficiales, el problema real es mucho más grave debido a la cifra negra, pues la extorsión es el segundo delito menos denunciado en el país, lo que sugiere que una inmensa mayoría de las víctimas opta por el silencio ante el temor a represalias de las bandas criminales, algunas de ellas con presencia documentada en los centros de reclusión estatales.
La extorsión continúa siendo uno de los principales retos para la seguridad en Veracruz, un delito que no solo impacta la economía de las familias y negocios, sino que también desestabiliza la paz social, como se ha evidenciado en casos de alto impacto relacionados con la disputa por el control territorial y de cobro de piso entre grupos antagónicos.
