Hora cero
Así marcha el caso Duarte
Luis Alberto Romero
La posible liberación anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, reabre un debate que va más allá del terreno jurídico: toca fibras políticas, morales y sociales que siguen siendo sensibles en Veracruz y en todo el país.
El exmandatario veracruzano, detenido desde 2017 y condenado a nueve años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, ha solicitado el beneficio de la libertad anticipada, argumentando haber cumplido más del 95% de su condena y mantener buena conducta. Sin embargo, la decisión fue aplazada por una jueza federal, lo que prolonga la expectativa en torno a un caso que simboliza uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente veracruzana.
Desde el punto de vista legal, Duarte cumple con los requisitos establecidos en el Código Penal Federal para acceder al beneficio. La ley permite la libertad anticipada a quienes hayan cumplido más del 70% de su sentencia y demuestren buena conducta durante su reclusión. En ese sentido, su solicitud no es un privilegio, sino un derecho previsto por la normatividad vigente.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema, fue clara y también prudente: “más allá de la sanción moral y ética, Duarte está por cumplir su sentencia”. La mandataria evitó politizar el caso y recordó que las decisiones judiciales deben basarse en el cumplimiento de la ley, no en juicios mediáticos o en el deseo social de venganza.
Sin embargo, el nombre de Javier Duarte sigue evocando en Veracruz un sentimiento de agravio difícil de olvidar. Su gobierno, de 2010 a 2016, fue señalado por corrupción, desvío de recursos públicos, endeudamiento estatal y abandono del sistema de salud, además de múltiples escándalos. Para muchos veracruzanos, su posible liberación representa una herida abierta: la idea de que los poderosos siempre encuentran la forma de eludir las consecuencias plenas de sus actos.
En días recientes, la polémica se reavivó con versiones sobre presuntas “fiestas” y consumo de alcohol al interior del Reclusorio Norte, donde Duarte purga su condena. Su defensa negó los señalamientos, calificándolos de “noticias falsas” y de intentos por manchar el proceso justo que, aseguran, ha llevado con apego a la legalidad. Lo cierto es que este tipo de versiones alimentan la percepción pública de impunidad, aun cuando no existan pruebas que las sustenten.
El caso Duarte se ha convertido en una especie de espejo donde se refleja la tensión entre justicia y perdón, entre el Estado de derecho y la memoria colectiva. Jurídicamente, si el exgobernador ha cumplido su condena y reúne las condiciones legales, la autoridad no puede negarle su libertad por razones emocionales o políticas. Pero moralmente, el recuerdo de su gestión y las consecuencias que dejó (deuda pública, hospitales sin medicamentos, obras inconclusas y desconfianza institucional) siguen pesando.
Si Duarte sale de prisión, será un acto de legalidad, no necesariamente de absolución o de justicia. Su libertad no borrará los hechos ni el juicio histórico que la sociedad veracruzana ya emitió.
En todo caso, su liberación debería servir para reflexionar sobre lo endeble del sistema judicial mexicano, y sobre la necesidad de fortalecer las instituciones que previenen y persiguen los actos de corrupción.
@luisromero85
