Gen-Z; ahora, criminalización
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
A diferencia de las manifestaciones populares en contra de los regímenes autoritarios del PRI en las que fueron reprimidos y desaparecidos estudiantes universitarios, líderes campesinos, indígenas, sindicalistas, guerrilleros, etcétera, etcétera, etcétera, ahora, gracias a la telefonía celular y la internet, es muy difícil que un gobierno pueda seguir cometiendo y ocultando impunemente las mismas tropelías.
Por ello no fue casual que después de que fueran difundidos en tiempo real cientos de videos y testimonios sobre los abusos policiacos ocurridos en el Zócalo de la CDMX durante la marcha convocada por la Generación Z este sábado 15, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigar los casos de fuerza excesiva de los elementos de seguridad denunciados por los manifestantes.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que 18 de sus elementos son investigados internamente por las agresiones.
No era para menos, pues el escándalo repercutió internacionalmente. Ayer, por ejemplo, la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Asociación y la Asamblea, Gina Romero, expresó su preocupación por el uso excesivo de la fuerza y de armas menos letales contra manifestantes y periodistas el pasado sábado durante las protestas de la Generación Z.
A través de sus redes sociales, Romero urgió al gobierno mexicano a detener la estigmatización de la protesta pacífica y respetar el principio de diferenciación de participantes con comportamientos violentos.
Aunado a ello, la funcionaria de la ONU llamó a las autoridades a investigar posibles infiltraciones, inclusive de posibles agentes provocadores, para causar caos y justificar la dispersión. Además, exigió garantizar la independencia judicial para esclarecer los hechos, así como también la atención necesaria a las personas heridas, incluyendo los oficiales de policía.
Y es que, este lunes, padres de familia de los 40 jóvenes de la Generación Z detenidos convocaron a conferencia de prensa en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir su liberación, pues a cinco de ellos se les pretendía imputar injustamente por “tentativa de homicidio”. Expresaron su preocupación porque su caso estará en manos de la fiscal capitalina Bertha María Alcalde Luján, hermana de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien el sábado mismo emitió un comunicado para descalificar la marcha, subrayando que “la convocatoria distó mucho de ser un ejercicio ‘juvenil’, ‘espontáneo’ o ‘apartidista’, como algunos intentaron presentar”, y acusó que “la movilización fue encabezada por figuras del viejo PRIAN y de la derecha tradicional…”
En contraparte, ayer mismo el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México condenó “de manera firme, inequívoca y enérgica los actos de violencia y represión ejercidos por autoridades gubernamentales contra las y los jóvenes que, en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, marcharon para exigir paz, seguridad y un país libre de miedo”.
Firmado por su presidente Albertico Guinto Sierra, el Colegio de Abogados capitalino rechazó “cualquier narrativa que pretenda criminalizar a quienes legítimamente exigen un México más seguro. El Estado –remarcó el comunicado– está obligado a proteger, no a reprimir”, y expresó su solidaridad “con las y los jóvenes lesionados, sus familiares y quienes han sido vulnerados en su integridad física y emocional.”
Por su parte, Alberto Capella, quien fue secretario de Seguridad Pública en el municipio de Tijuana, Baja California, así como en los estados de Morelos y Quintana Roo, el cual es fundador de AC Consultores –una empresa especializada en inteligencia táctica y operativa en materia de seguridad– y quien actualmente es también comentarista y articulista en su especialidad del diario El Universal, publicó ayer un texto titulado “Lo que viví en la marcha: crónica, análisis y la lógica de una ‘autocracia pasiva’”, en el que describe y relata en nueve puntos lo que vivió ese día, y al final plantea una conclusión desde su propia experiencia.
En principio asegura que se trató, en efecto, de “una marcha de múltiples sectores ciudadanos, profundamente espontánea y pacífica”, que “desde el inicio quedó claro que se trataba de una movilización plural”, y que “el ambiente era pacífico, indignado y decidido”. Refirió que, durante más de tres horas, desde Paseo de la Reforma hasta Eje Central, “el flujo fue un río humano ininterrumpido”.
Pero afirmó que, al llegar al Zócalo, pudo observar “un operativo diseñado para inhibir, no para proteger”, explicando que se trataba de “un operativo que no buscaba proteger monumentos ni facilitar la llegada de la ciudadanía, sino inhibir la concentración masiva”.
Reseña que “los cohetones tenían un impacto auditivo brutal” y que “mucha gente –especialmente quienes no están habituados a protestas– pensó que eran disparos”, por lo que “miles optaran por no ingresar al Zócalo”.
Por experiencia propia, consideró que los “policías antimotines también fueron víctimas”, que fueron “utilizados y agredidos durante horas” y “familias atemorizadas por violencia colocada estratégicamente”. Se trató, aseguró, de “un operativo diseñado para alterar la percepción pública de una movilización histórica”.
“La narrativa del caos fue inducida. El sábado no fue desorden espontáneo: fue ingeniería política para controlar la narrativa”, concluye en su artículo el especialista en seguridad.
Bueno, de la agresión de la policía capitalina no se salvó ni el fotógrafo Víctor Manuel Camacho, de La Jornada, el diario más afín al régimen de la 4T, el cual no solo fue golpeado, sino que lo despojaron también de su equipo fotográfico y teléfono celular.
En su edición de ayer, el diario capitalino publicó un manifiesto firmado por fotógrafos, reporteros, editores, corresponsales, redactores, auxiliares y trabajadores de otras áreas de la casa editora, en el que protestan por la agresión a su compañero y le piden a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, que no sólo le reintegren su equipo de trabajo sino que también “se inicie una investigación a fondo para ubicar y, en su caso, sancionar a los uniformados que cometieron esta agresión injustificable” en contra de su compañero que solamente cumplía con su labor periodística.
