Hora cero
Cuando la tragedia se mezcla con el saqueo
Luis Alberto Romero
La zona norte de Veracruz vive hoy una doble tragedia: a la devastación causada por las lluvias e inundaciones del pasado 9 de octubre se suma ahora la revelación de un enorme presunto daño patrimonial cometido por autoridades municipales.
Es difícil imaginar una combinación más dolorosa para la población: mientras cientos de familias intentan reconstruir sus vidas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado documenta que sus gobiernos locales habrían estado ocupados no en prevenir, atender o reparar los estragos de las lluvias, sino en desviar los recursos públicos.
Los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024 muestran un panorama preocupante: diez municipios del norte veracruzano acumulan un presunto daño patrimonial de 190.9 millones de pesos.
Por sí solo, el dato es grave, pero lo verdaderamente escandaloso es que muchos de estos municipios están en crisis por la reciente contingencia, y aun así sus autoridades habrían administrado con negligencia, opacidad e incluso posible corrupción recursos que debían destinarse al bienestar de su población.
En Pánuco, por ejemplo, el daño observado asciende a 48.9 millones de pesos, equivalentes al 11.21% de su presupuesto anual. Es decir, uno de cada diez pesos públicos presenta irregularidades.
Tantoyuca: 43.9 millones de pesos sin solventar, el 7.28% de su presupuesto. Y así se repite el patrón en otros municipios de la zona: Poza Rica (25.6 millones); Álamo Temapache (18.6 millones); Naranjos-Amatlán (13.3 millones, que equivalen al sorprendente 11.67% de su presupuesto total); El Higo, Cerro Azul, Pueblo Viejo, Tempoal y Papantla.
Las observaciones del ORFIS apuntan a posibles faltas administrativas graves o a daño patrimonial directo. Las áreas con mayores irregularidades tampoco son casuales: obra pública, disciplina financiera, deuda municipal y ejercicio presupuestal. En pocas palabras, los rubros donde más duele la corrupción, porque son los que definen si una comunidad tiene caminos transitables, agua potable, alumbrado, servicios básicos o incluso obras relacionadas con la protección civil.
La indignación aumenta al contrastar estas cifras con la realidad que enfrentan miles de veracruzanos de la zona norte. Todavía hoy hay familias que perdieron todo con la fuerza del agua. Hay caminos destruidos, puentes colapsados, comunidades que esperan apoyos y agricultores que no saben si podrán sembrar en el próximo ciclo. Mientras tanto, sus gobiernos municipales son señalados por haber desviado o manejado irregularmente recursos públicos.
Como ejemplo tenemos la frase del edil de Poza Rica, Fernando Remes, quien en octubre pasado reconoció que el presupuesto de 14 millones de pesos destinado para la construcción de un muro de contención en el río Cazones simplemente no aparece, y que la obra apenas registra un avance del 10%; “que me metan a la cárcel”, son las palabras que perseguirán al alcalde, convertido en referente de irresponsabilidad y dudosos manejos de los recursos públicos.
El discurso recurrente de los alcaldes es que los municipios “no tienen dinero” para atender emergencias, prevenir desastres, reparar infraestructura o invertir en obra pública; pero parece que el fondo no es la falta de dinero, sino la ausencia de honestidad.
En una región golpeada por la naturaleza y por la negligencia de sus autoridades locales, la recuperación tras la tragedia podría complicarse aún más, no por falta de recursos, sino por la irresponsabilidad con que se manejan algunos ayuntamientos.
@luisromero85
