UV: la ilegalidad que está destruyendo el futuro de sus estudiantes
Dr. Rafael Vela Martínez
La Universidad Veracruzana (UV) vive una crisis que ya rebasó los límites de lo institucional. Lo que comenzó con la prórroga ilegal otorgada por la Junta de Gobierno al rector Martín Aguilar Sánchez se ha convertido en un deterioro profundo que golpea, sin matices, a quienes menos responsabilidad tienen: los jóvenes universitarios.
La comunidad ha pasado más de seis meses protestando, amparándose y exigiendo legalidad. Mientras tanto, tribunales federales han aplicado normativas anteriores a las reformas constitucionales de 2011 y a la Ley de Amparo reformada en 2013, dejando indefensos a quienes buscan que se respete el Estado de Derecho dentro de la UV.
Si el Congreso no actúa pronto mediante una interpretación auténtica que eche abajo la prórroga, esta ilegalidad podría prolongarse hasta enero de 2026, un semestre académico más y las consecuencias serían devastadoras para toda una generación, por ello, es importante reflexionar acerca de la realidad cruda que hoy viven los estudiantes y que debe ser conocida por la opinión pública.
La primera víctima: el futuro profesional de los jóvenes
En México, el prestigio institucional determina si un egresado encuentra empleo, accede a posgrados o participa en intercambios. Hoy, la UV envía al exterior un mensaje inquietante: es una universidad con un rector señalado como espurio y un gobierno interno fracturado. Esto ya se refleja en:
• retrasos en trámites de titulación, certificaciones y convenios;
• incertidumbre sobre acreditaciones nacionales e internacionales;
• congelamiento de programas de movilidad;
• desconfianza de instituciones externas para firmar nuevos acuerdos.
Para los jóvenes, esto no es teoría: es su futuro inmediato perdiendo valor cada día que la ilegalidad se sostiene.
Un clima académico tóxico que golpea el aprendizaje
Los estudiantes están tratando de formarse en una universidad donde:
• los docentes viven bajo presión y temor a represalias;
• proyectos académicos están detenidos o cancelados;
• concursos, apoyos y becas están paralizados;
• áreas completas trabajan sin claridad de mando.
El salón de clase no es ajeno a esto. Cuando la institución está en crisis, la calidad del aprendizaje cae, la motivación se derrumba y el ambiente educativo se contamina de frustración. Los universitarios lo sienten todos los días.
La institución que debería protegerlos, los está dejando solos
Mientras miles de estudiantes marchan, se informan y exigen legalidad, la rectoría permanece aferrada a una prórroga cuestionada por:
• expertos en derecho,
• exrectores,
• académicos de todas las áreas,
• y amplios sectores de la comunidad.
No hay diálogo real, no hay escucha y peor aún: no hay voluntad de corregir la ilegalidad.
El costo emocional: ansiedad, enojo y desesperanza
Detrás de los comunicados oficiales y las declaraciones públicas hay cientos de historias personales:
• jóvenes que ya no saben si podrán titularse a tiempo,
• estudiantes que perdieron oportunidades de movilidad,
• generaciones que temen que su título pierda valor,
• universitarios que sienten que su voz no importa.
La crisis ha generado un clima de ansiedad colectiva que ningún rector tiene derecho a provocar, mucho menos mediante una actuación considerada ilegal y opaca.
Lo que todo Veracruz debe entender
La UV no es una institución cualquiera: es el corazón académico de Veracruz y una de las universidades públicas más grandes del país. Aquí estudian miles de jóvenes que, con esfuerzo, sostienen su educación con becas, trabajos o el apoyo limitado de sus familias. Cada día de ilegalidad es una forma de traición a esos estudiantes.
Lo que hoy ocurre no es un asunto administrativo, ni un conflicto interno aislado.
Es un atentado contra:
• la autonomía universitaria,
• la legalidad,
• y el derecho de los jóvenes a un futuro digno.
La exigencia es clara: la comunidad universitaria espera —y merece— que el Congreso del Estado de Veracruz:
1. Emita una interpretación auténtica que declare inválida la prórroga.
2. Renueve a los integrantes de la Junta de Gobierno.
3. Convoque de inmediato a un proceso transparente y legal para elegir rector.
Nada de esto es opcional: es lo mínimo necesario para detener la erosión del futuro de miles de jóvenes.
Una universidad debe proteger a sus estudiantes, no ponerlos en riesgo: la UV está a tiempo de corregir el rumbo. Pero si esta ilegalidad continúa, lo que estará en juego ya no será un nombre ni un cargo, sino la credibilidad completa de la institución y el destino de toda una generación de universitarios que hoy observa, con dolor, cómo la casa de estudios que eligió les está fallando.
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