Mesa de Redacción
Crímenes de odio
Enrique Yasser Pompeyo
En la entidad veracruzana, en los últimos meses se han registrado 10 crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ+.
El más reciente fue el del joven Luis Miguel, encontrado sin vida en Acayucan, cuyo asesinato se suma a una larga lista de crímenes marcados por el odio, la impunidad y la indiferencia institucional.
A estos casos se añaden carpetas de investigación que continúan sin avances o permanecen en total abandono:
Miguel Ángel Sulvarán, de Xalapa, cuyo caso permanece sin resolución y sin acceso a la justicia.
Alexis, asesinato el cual hasta el día de hoy no se conoce sentencia alguna para las personas responsables.
Roberto, cuyo caso ni siquiera ha tenido el mínimo de diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado; no existe búsqueda activa de sus agresores ni un boletín oficial que dé cuenta del compromiso por esclarecer su homicidio.
Para colectivos como Orgullo Xalapa, estos hechos no son aislados, sino que responden a un patrón sostenido de violencia estructural, negligencia e indiferencia estatal.
La ausencia de investigaciones efectivas, la falta de seguimiento en las carpetas y la omisión de reformas al Código Penal perpetúan un clima de impunidad que envía un mensaje devastador: “nuestras vidas no importan”.
Ante ello, entre la población existe una profunda preocupación y un firme posicionamiento ante el alarmante incremento de crímenes de odio por prejuicio en el estado de Veracruz.
La violencia contra las poblaciones LGBTIQ+ continúa creciendo mientras las autoridades siguen sin aplicar acciones contundentes ni modificaciones urgentes al Código Penal del Estado, necesarias para tipificar adecuadamente estos delitos y garantizar justicia para las víctimas.
Por todo lo anterior, colectivos como Orgullo Xalapa exigen:
Armonizar y reformar el Código Penal de Veracruz para que los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género sean plenamente reconocidos, tipificados y sancionados.
Investigar con debida diligencia las más de nueve carpetas abiertas y ahora el décimo caso de Luis Miguel de Acayucan y las que resulten de más de 10 años atrás.
Transparencia y seguimiento público sobre el estado procesal de cada investigación.
Mecanismos reales de prevención, no solo discursos.
Respeto pleno a las identidades de las víctimas por parte de autoridades y medios de comunicación.
La violencia no puede seguir normalizándose y la justicia no puede seguir siendo negada.
Para los colectivos, Veracruz tiene una deuda histórica con las poblaciones LGBTIQ+, y cada día que pasa sin acción es una vida más en riesgo.
De manera que continuarán alzando la voz hasta que la dignidad, la verdad y la justicia sean una realidad para todas y todos.
enriquepompeyo@hotmail.com
