Crimen enturbia gira de Sheinbaum
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Los más prudente será aguardar el resultado de la investigación que ayer mismo inició la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado que aún encabeza Verónica Hernández Giadáns; sin embargo, habrán de darse prisa porque la indignación y las especulaciones sobre el asesinato del ex presidente municipal de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, no dejan bien parados a los regímenes morenistas de la gobernadora Rocío Nahle y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Y es que no han faltado los “acelerados” que pretenden vincular el crimen del ex alcalde veracruzano con el de Uruapan, Carlos Manzo, por la coincidencia de que Mezhua andaba construyendo también un movimiento independiente en la entidad. En sus declaraciones más recientes, aseguraba tener avances en alrededor de 100 de los 212 municipios del estado, de los cuales en 35 habría conseguido mejor respuesta, principalmente en las regiones indígenas de Zongolica y Papantla, y otros de la zona centro del estado.
Por supuesto que Mezhua no tenía la misma fuerza política que Manzo, el carismático líder apartidista del Movimiento del Sombrero que se perfilaba para ser postulado primero como candidato independiente a la gubernatura de Michoacán en 2027, y posteriormente, si todo le salía bien y las circunstancias se le acomodaban, disputar tres años después la Presidencia de la República.
Tampoco se percibía que el ex munícipe serrano representara un fuerte riesgo para el régimen de Morena. Es más, una de sus hermanas, Irma Lidia Mezhua, también ex alcaldesa y ex diputada local de Morena, es actualmente directora del Instituto de Estudios Superiores de Zongolica, dependiente de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.
Sin embargo, políticamente el crimen sí tiene un alto impacto por haber coincidido con la visita de la presidenta Sheinbaum al puerto de Veracruz, quien venía acompañada de altos mandos de la Marina, de la Defensa y de otros miembros de su gabinete federal.
Y por supuesto que este lamentable suceso le “sobrecalentó” también el ambiente político a su anfitriona, la gobernadora Rocío Nahle, cuyos dos de sus principales colaboradores, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Reyes Garcés, habían asegurado apenas la semana anterior en sus comparecencias ante los diputados del Congreso local que, en Veracruz, “hay orden, seguridad y gobernabilidad”.
Reyes Garcés, un Contralmirante de Infantería Marina Fuerzas Especiales y Diplomado de Estado Mayor presumió incluso que Veracruz es el octavo estado más seguro del país.
“Seguimos trabajando con pasos firmes, lealtad y amor al pueblo para garantizar su tranquilidad”, expresó el titular de la SSP durante su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de labores de la gobernadora, en la que destacó que la dependencia a su cargo adoptó una visión integral alineada con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2024–2030 y la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, asumiendo el compromiso de fortalecer la paz, la legalidad y el orden en nuestro estado.
Para ello, según explicó a los diputados, la administración de la gobernadora Nahle, a través de esta secretaría, diseñó y consolidó una Estrategia Estatal de Seguridad Pública articulada y enfocada en Cuatro Ejes Rectores: Atención a las causas, Consolidación de la SSP, Fortalecimiento del Sistema Estatal de Inteligencia y Coordinación Interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno.
El funcionario se ufanó de que con base en lo informado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia total de delitos en Veracruz había presentado una disminución del 11 por ciento por 100 mil habitantes y de 8 por ciento en el total de delitos cometidos, ubicando a nuestra entidad como la octava más segura del país.
Además se jactó de que la SSP puso en marcha su propia reestructuración orgánica con el propósito de eficientar todos sus procesos operativos y administrativos para atender el fenómeno delictivo, creando las áreas que permitan trabajar de manera coincidente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública implementando acciones en los 212 municipios del estado, pero principalmente en los 27 con mayor incidencia delictiva, a través de cinco coordinaciones regionales, en colaboración con la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, FGR, la Fiscalía General del Estado y policías municipales.
Pero, a pesar de todo ello, nada impidió que el ex alcalde de Zongolica –quien también fue diputado local y federal y dirigente estatal del PRD– fuese ejecutado impunemente.
A BENITO AGUAS, DIPUTADO FEDERAL DE ZONGOLICA, LE HICIERON JUSTICIA
Por cierto, hace casi un año, el lunes 9 de diciembre de 2024, fue asesinado Benito Aguas Atlahua, también ex alcalde de Zongolica y diputado federal del PVEM en funciones.
En aquella ocasión, la presidenta Sheinbaum llevaba más de dos meses en el poder, y la gobernadora Rocío Nahle apenas nueve días.
Esa vez, en un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado afirmó que “no habrá impunidad”, indicando que fiscales, peritos y elementos d la Policía Ministerial se encontraban realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.
De inmediato, elementos de distintas corporaciones policiacas montaron un fuerte operativo para poder ubicar al o los presuntos responsables.
El coro de los diputados de la coalición de la 4T fue el mismo: Ricardo Monreal, entonces coordinador de los legisladores de Morena, publicó en redes sociales que “confiamos en que se realizarán las investigaciones pertinentes para que prevalezca la justicia”; el morenista oriundo de Minatitlán, Sergio Gutiérrez Luna, quien presidía la Cámara baja, igualmente condenó “enérgicamente este acto de violencia” y dijo confiar “que se hará justicia”; y Javier Herrera Borunda, del Grupo Parlamentario del PVEM al que pertenecía Aguas Atlahua, también exigió esclarecer los hechos, mediante “un enérgico llamado para erradicar la violencia apolítica en nuestro país”, advirtiendo que “estaremos muy pendientes de que tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, actúen en consecuencia”.
Por supuesto, la flamante gobernadora Rocío Nahle mandó un pésame a la familia del legislador Benito Aguas y garantizó que se impartiría justicia para dar con los responsables del crimen.
El reclamo tuvo efecto casi inmediato, pues dos meses después, el 5 de febrero de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Guillermo “N”, imputándole los homicidios del diputado federal de Zongolica y de Agustín Linares López, un contratista poblano que acompañaba en su camioneta al ex alcalde acribillado. Y, a mediados de este año, el 13 de junio, fue capturado en la colonia Guadalupe, municipio de Zongolica, el otro presunto implicado en este doble crimen, el cual, coincidentemente, se llama también Guillermo “N”, (a) El Memo. Su detención fue realizada en un operativo federal conjunto entre elementos de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). Se le imputó y vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado.
¿Resolverán con la misma celeridad el crimen de ex alcalde ex perredista Juan Carlos Mezhua? Ya lo veremos.
‘LA BARREDORA’ Y ‘EL BUKANAS’, EN LA REGIÓN
La región montañosa central del estado, donde se ubica el municipio de Zongolica, sigue “caliente” por los grupos de la delincuencia organizada que se mueven entre los límites de Veracruz y el estado de Puebla.
La agencia noticiosa APRO, de los editores de la revista Proceso, acaba de publicar que luego de una balacera en la que murieron seis personas y de que el alcalde del municipio poblano de Atzitzintla, Eduardo Velázquez Medina, fuera amenazado por la Operativa Barredora del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 20 elementos de la policía municipal de esa localidad, ubicada en los límites con Veracruz, renunciaron a sus cargos.
Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad de Puebla, confirmó que el edil pidió la intervención del gobierno estatal ante la crisis de seguridad que vive ese municipio.
Informó que fueron enviados 15 elementos de la policía estatal para hacerse cargo de la vigilancia y además le brindaron seguridad al alcalde perredista.
De acuerdo con reportes de la prensa local, el 18 de noviembre se registró un enfrentamiento entre un grupo llamado Autodefensas Pueblos Unidos de la Región, que estaría ligado a bandas locales encabezadas por “El Bukanas” y “La Marrana”, e integrantes de la Operativa la Barredora del CJNG.
La persecución y balacera entre ambos grupos se extendió desde la localidad Paso Carretas, de Atzitzintla, hasta el municipio de Mariano Escobedo, en el estado de Veracruz, con saldo de al menos seis muertos, todos pertenecientes al grupo delincuencial que se hace pasar como autodefensa.
Luego de esto, La Barredora emitió un comunicado escrito en el que se adjudicó este enfrentamiento y acusó que ese grupo delincuencial abatido respondía a las órdenes del alcalde y cometía al menos siete robos diarios de transporte de carga en esa región.
La agencia APRO señaló que esa zona, en los límites de Puebla y Veracruz, es considerada una de las más peligrosas para los transportistas, pues es cercana a la autopista Puebla-Orizaba y a la zona de Esperanza, Río Blanco y Las Cumbres de Maltrata, donde diariamente se reportan asaltos.
El Ayuntamiento de Atzitzintla emitió un comunicado en el cual el alcalde, quien fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó las acusaciones en su contra.
“De igual manera, el Presidente Municipal Constitucional, C. Eduardo Velázquez Medina, aclara de manera firme que no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo o relación con grupos delictivos, cualquier contenido que intente involucrarlo con actividades delictivas es totalmente falso, irresponsable y de carácter amarillista, promovido por adversarios políticos que buscan confundir y dividir”.
