Juan David Castilla
A pesar de contar con la Ley Número 303 de Prevención y Atención del Acoso Escolar, la problemática de la violencia en el entorno educativo de Veracruz sigue siendo un foco de atención y preocupación.
En octubre de 2025, el Congreso del Estado emitió un exhorto a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para garantizar la aplicación inmediata y estricta de los protocolos establecidos en la ley.
El llamado busca proteger a los estudiantes y fortalecer la cultura de paz en las escuelas, ante la evidencia de que el acoso escolar (bullying) persiste en la entidad, afectando especialmente a las mujeres, quienes, según estudios, sufren la agresión de pares en mayor medida que sus compañeros.
Estimaciones previas señalaron que, a nivel nacional, al menos el 30% de los estudiantes adolescentes fueron víctimas de bullying en años recientes, una constante que se refleja en Veracruz.
Expertos de la Universidad Veracruzana han diagnosticado la presencia del acoso escolar en planteles de nivel medio superior, señalando que los testigos a menudo prefieren no intervenir.
La persistencia del problema ha obligado a las autoridades a recordar las disposiciones de la Ley 303, que prohíbe el acoso escolar y establece la obligación de las instituciones de implementar planes de intervención, usar recursos tecnológicos para la vigilancia y prohibir represalias contra quienes denuncien.
La urgencia por garantizar un ambiente escolar seguro se vio agravada por otros casos de violencia. A inicios de 2025, se hizo pública la denuncia de acoso sexual por parte de un maestro en una secundaria de Cosoleacaque, donde más de diez menores resultaron agraviadas.
Este hecho, que detonó la intervención policial y la exigencia de los padres de familia, subrayó la necesidad de aplicar los Protocolos para la Identificación, Prevención e Intervención en el Acoso Escolar, el Maltrato Infantil y Actos de Connotación Sexual.
