Juan David Castilla
Armando Uresti, vicepresidente de la cooperativa del Bosque don Roberto, denunció públicamente una serie de invasiones en el área verde legalmente conocida como la Exhacienda Santa Rosa y Las Cruces, señalando directamente a funcionarios y dependencias gubernamentales.
Uresti afirmó que la más reciente es una presunta intención de Servicios Periciales de extender sus oficinas, las cuales ya ocupan un terreno que, según el denunciante, fue una de las primeras invasiones realizadas por el Gobierno del Estado a esta propiedad privada.
Uresti vinculó la inacción judicial en sus denuncias con presuntos intereses personales y corrupción dentro de la Fiscalía General del Estado. Afirmó que todas las denuncias que han presentado contra invasores han sido objeto de omisión por parte de los fiscales, principalmente porque los peritajes requeridos, a cargo de la Dirección de Servicios Periciales, no han sido entregados.
El vicepresidente de la cooperativa mencionó una «extraña situación» con un predio invadido cerca del panteón Bosques del Recuerdo por una persona: el director de Servicios Periciales, Héctor Ronzón García.
Esto, sumado al retraso de los peritajes, sugiere un posible conflicto de interés.
Uresti incluso refirió que el fiscal anticorrupción ha puesto multas y tiempos de entrega para dichas pruebas periciales, sin que estas sean cumplidas, citando el caso de la arquitecta América, perito que aún no entrega el peritaje relacionado con la invasión del Colegio de Contadores.
La denuncia más reciente y grave es el cierre de una carpeta de investigación por parte del fiscal número ocho, sin que la cooperativa tuviera conocimiento previo. Uresti informó que el fiscal dictaminó que el señor Salvador Adenahuati estaba libre de acción penal, cerrando la carpeta sobre la invasión a un humedal a pesar de la destrucción y el daño ambiental ocasionados.
El denunciante enfatizó que la Fiscalía, Servicios Periciales e incluso el Instituto de la Mujer se encuentran dentro del polígono de la ex Hacienda Santa Rosa y Las Cruces, lo que explica la lentitud en las denuncias, ya que las pruebas periciales perjudican a las propias instituciones involucradas.
Finalmente, Uresti mencionó que, a pesar de las gestiones ante el alcalde de Emiliano Zapata, este ha hecho caso omiso a la solicitud de no destruir un humedal en la Plaza del Juguete cuya construcción fue autorizada por el ayuntamiento.
Uresti concluyó que el daño ambiental que se está ocasionando a la ciudad de Xalapa y sus alrededores es severo y lamentó que las autoridades, incluida la nueva administración, no estén actuando.
