Adolfo Toss: el hermano incómodo
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Sobre el texto publicado el pasado martes aquí, titulado “Cártel inmobiliario Xalapa-Coatepec”, en el que expusimos el caso del vil despojo de una vivienda en el fraccionamiento residencial de Las Animas, en la capital del estado, y de la fraudulenta venta de terrenos en el Pueblo Mágico vecino, que fraccionadores asesorados por abogados y coludidos con notarios, jueces y funcionarios municipales y estatales están ofertando sin ser sus legítimos dueños, ayer, tanto la gobernadora Rocío Nahle como el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, fijaron su posición advirtiendo que investigarán a fedatarios y juzgadores, los cuales serán sancionados si se comprueba que incurrieron en actos de corrupción.
“Hoy pedí en la Mesa de Seguridad una lista de aquellos notarios o jueces que hayan entrado en irregularidad”, declaró Nahle. “Afortunadamente, el cambio en la Ley del Poder Judicial creó el Centro de Disciplina o Comité de Disciplina, porque, aunque jueces y magistrados fueron electos por mandato popular, tienen un Comité de Disciplina donde pueden ser castigados, cesados, multados o separados del cargo. No es nada más ‘ya quedé y aquí me quedo’. Tienen un código de ética muy alto”, enfatizó la mandataria.
Respecto a las familias afectadas por despojos ilegales, la gobernadora respondió que
“hoy tocamos el tema y yo les voy a dar seguimiento”.
Anteayer, Claudia Montero, reportera de Alcalorpolitico.com, publicó que las denuncias por despojos han aumentado en Xalapa durante los últimos años, con casos documentados de alteración de registros, expedientes presuntamente ilegales, falsificación de identidades y juicios que avanzan aun cuando las propiedades están inscritas desde hace décadas en el Registro Público de la Propiedad. La periodista expuso que en la capital del estado opera este entramado que presuntamente involucra también a notarios, litigantes del membrete Foro Liberal de Abogados, funcionarios de Catastro Municipal, a jueces y miembros del Poder Judicial, quienes con procedimientos dudosos despojan viviendas mediante documentos inexistentes, inscripciones irregulares y resoluciones judiciales obtenidas sin verificar la autenticidad de los títulos de propiedad.
Al respecto, entrevistado ayer en un noticiero radiofónico de Xalapa, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, negó que la dependencia a su cargo esté involucrada en presuntas irregularidades relacionadas con estos casos de despojo de predios y desalojo de viviendas.
El titular de la Segob explicó que, al inicio de su gestión, se detectaron múltiples contratos privados inscritos en el Registro Público de la Propiedad, los cuales podían prestarse a fraudes inmobiliarios, por lo que instruyó cancelarlos. “Nosotros no nos vamos a prestar; tenemos la instrucción directa de poner orden”, afirmó.
Y comentó que notificaron a todos los Notarios del estado que este tipo de inscripciones son indebidas y que se reforzará la vigilancia para impedir cualquier práctica que ponga en riesgo el patrimonio de los ciudadanos.
Sobre el desalojo ocurrido el viernes 21 de noviembre pasado en el fraccionamiento Las Ánimas, Ahued aclaró que la Secretaría de Gobierno no tiene facultades para ordenar este tipo de acciones. “Ese es un tema del Poder Judicial y de Seguridad Pública. Yo invito a que cualquier anomalía que presente un ciudadano nos la remita, pero el secretario de Gobierno no ordena desalojos, eso es falso”, subrayó, aunque nadie lo señaló de haber dado esa instrucción.
El hombre de mayor confianza de la gobernadora Nahle mencionó que el caso de la residencia de Las Ánimas tiene muchos años en litigio y que conoce a las familias involucradas, por lo que se comprometió a solicitar información para verificar que el proceso cumpla con la legalidad y evitar abusos.
Ahued, a diferencia de Nahle, quien amagó con llevar los casos de jueces corruptos ante el Tribunal de Disciplina, sólo arremetió en contra de los fedatarios. “El notariado es capaz y nos ayuda mucho, pero al que haga una irregularidad, tendremos que suspenderlo. Cualquier abogado o ciudadano que sospeche de un mal movimiento, que me lo haga saber: actuamos de inmediato”, afirmó el titular de la Segob.
Pero, según publicó anteayer la reportera de Alcalorpolitico.com, en el caso del desalojo de la residencia de Las Ánimas –valuada en 8 millones de pesos y por la cual fue maquinado un burdo contrato de compraventa por ¡300 mil pesos!–, la demanda fue admitida inicialmente por el juez Héctor Espinosa Espino, del Juzgado Segundo de Primera Instancia, quien no requirió la existencia del expediente de 1990, ni la escritura original, ni el convenio físico ni cotejo de firmas, y tampoco notificó a la sucesión legítima. Pero, posteriormente, quien dictó la sentencia que ordenó el lanzamiento y firmó las actuaciones que dieron pie al desahucio fue el juez Leopoldo Toss Capistrán, actual magistrado recién electo y hermano de Adolfo Toss, director general de Política Regional de la Segob que encabeza Ahued, cuya firma permitió ejecutar el desalojo aun sin la presencia del supuesto vendedor, quien nunca habitó la vivienda y tampoco tenía posesión real y legal de la misma.
LA ‘GRANDEZA’ DEL SENADOR ADÁN AUGUSTO
Ayer, el líder del Senado, Adán Augusto López Hernández, volvió a ser blanco de críticas por su generoso gesto de obsequiar a cada uno de los 67 legisladores de Morena 13 cajas con 20 ejemplares del libro “Grandeza”, el último que escribió el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En total fueron 17 mil 420 libros los que regaló el ex gobernador tabasqueño a toda la bancada del partido guinda.
Lo que no se sabe aún es si los pagó de su bolsillo o con cargo al presupuesto de la Cámara alta del Congreso de la Unión.
Su caso contrastó con el de un joven emprendedor cuya historia fue replicada ayer en su cuenta de la red social X por el empresario Ricardo Salinas Pliego, el cual invirtió en la compra de 10 mil ejemplares (supuestamente “piratas”) del libro de López Obrador para venderlos en el Zócalo de la Ciudad de México durante el mitin del pasado fin de semana que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum para conmemorar el séptimo año de la 4T, y al cual acudieron –según cifras oficiales del gobierno capitalino– más de 600 mil militantes y aliados de Morena.
El bisoño empresario puso su stand ofertando inicialmente el libro en 450 pesos, pero no logró vender ni 100, por lo que en su afán de recuperar lo invertido al final los estaba rematando en 200 pesos, pero tampoco tuvo éxito, ya que la gran mayoría de los acarreados no se atrevió a comprar la más reciente obra literaria del líder fundador de Morena y gastar parte de los 500 pesos que habrían recibido por acudir al evento.
