Juan David Castilla
A diez años de que se iniciara el registro sistemático del feminicidio en México, el estado de Veracruz presenta un balance complejo. Tras alcanzar picos históricos que lo colocaron como el epicentro de la violencia contra la mujer a nivel nacional, las cifras oficiales del cierre de 2024 y el transcurso de 2025 sugieren una tendencia a la baja, aunque persiste la desconfianza de los colectivos civiles sobre la clasificación de los delitos.
La crisis de seguridad para las mujeres en Veracruz se agudizó entre 2015 y 2019. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), el estado pasó de 40 casos en 2015 a un máximo histórico de 104 feminicidios en 2019.
Este periodo estuvo marcado por la declaratoria de dos Alertas de Violencia de Género (AVG), medidas que buscaban frenar una emergencia que parecía fuera de control.
A partir de 2020, las estadísticas oficiales comenzaron a mostrar un descenso. De los 101 casos en 2018, la cifra bajó a 68 en los años 2021 y 2022, para cerrar el 2023 con 45 registros.
Para el cierre de 2024, la cifra preliminar se situó entre los 53 y 64 casos, dependiendo de la actualización de las carpetas de investigación.
En lo que va de 2025, las estimaciones al mes de octubre reportan 35 feminicidios, lo que las autoridades estatales han calificado como una reducción de más del 50% respecto al pico de hace seis años.
A pesar de la narrativa oficial de mejora, organizaciones como el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) han señalado que la reducción en los números podría deberse a una «reclasificación» de los delitos.
«Muchas muertes violentas que deberían ser investigadas bajo protocolo de feminicidio terminan archivadas como homicidios dolosos o suicidios dudosos», señalan activistas locales.
Además, los colectivos subrayan que la violencia no ha desaparecido, sino que ha mutado hacia el fenómeno de la desaparición forzada, donde Veracruz continúa ocupando lugares preocupantes en el ranking nacional.
A finales de 2025, el reto para la entidad sigue siendo la prevención y la reparación del daño. Aunque los números fríos muestran un alivio estadístico, la impunidad en los casos abiertos de la década pasada sigue siendo la principal deuda de la Fiscalía General del Estado con las familias veracruzanas.
