Juan David Castilla
El centro de la capital veracruzana vuelve a ser escenario de una de las conmemoraciones más persistentes y dolorosas de la historia reciente del estado. Este 23 de diciembre, los integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) cumplen 10 años de manifestarse ininterrumpidamente frente a Palacio de Gobierno.
La movilización no solo busca el cumplimiento de derechos laborales, sino que funciona como un recordatorio permanente de la represión que sufrieron en esta misma fecha durante el año 2015.
Aquel miércoles de hace una década quedó marcado en la memoria colectiva cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), equipados como granaderos, desalojaron violentamente a cientos de adultos mayores que exigían el pago de sus pensiones y el aguinaldo que por ley les correspondía.
El uso de la fuerza contra un sector vulnerable de la población generó una indignación nacional que, hasta el día de hoy, los miembros de la Copipev mantienen vigente a través de la protesta pública, bajo la premisa de que el tiempo no ha borrado la agresión ni ha traído la justicia esperada.
Los manifestantes recuerdan que la justicia plena sigue siendo una asignatura pendiente para las autoridades. A pesar del cambio de administraciones, la exigencia se mantiene firme en torno a la aplicación de sanciones reales contra los responsables intelectuales y materiales de la agresión.
Asimismo, los pensionistas recalcaron que su presencia en la Plaza Lerdo también es una defensa del Instituto de Pensiones del Estado, buscando evitar que futuras generaciones de trabajadores enfrenten la incertidumbre financiera y el maltrato institucional que ellos padecieron.
La jornada de este aniversario se vivió entre consignas y el recuerdo de aquellos compañeros que han fallecido en el transcurso de estos diez años sin ver una resolución definitiva a sus demandas legales.
La Copipev reafirma que mientras no exista un castigo ejemplar para quienes ordenaron el uso de varas eléctricas y violencia física contra los jubilados, el 23 de diciembre seguirá siendo una fecha de protesta y una herida abierta en la historia política de Veracruz.
