Juan David Castilla
La violencia contra las mujeres en Veracruz presenta un panorama crítico marcado por una tendencia al alza en las desapariciones, un fenómeno que ha crecido de manera sostenida y desproporcionada desde el año 2021.
Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres (OUVM), advirtió que, aunque existen cifras históricas de referencia, los números actuales revelan una dimensión del problema que supera la capacidad de respuesta de las autoridades, evidenciando que la estrategia estatal se centra en reaccionar ante los hechos consumados y no en la prevención.
La especialista subrayó que expresiones de violencia como el feminicidio, el homicidio doloso y la desaparición no deben analizarse de forma aislada, sino como un engranaje de criminalidad que mantiene a Veracruz entre las entidades con mayores índices de violencia letal a nivel nacional.
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, la entidad forma parte del grupo que concentra más del 40 por ciento de los homicidios dolosos del país, una proporción significativa de los cuales son cometidos contra mujeres.
En el mapa de incidencia, Coatzacoalcos encabeza la lista con el mayor número de casos; sin embargo, el municipio de Papantla genera una preocupación particular debido a su alta incidencia en relación con su densidad poblacional.
Casados González recordó que Papantla está incluido en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), la cual exige medidas específicas de protección, especialmente para mujeres indígenas, que no se están viendo reflejadas en una disminución de los delitos.
La coordinadora del OUVM enfatizó que la Alerta de Violencia de Género no debe recaer exclusivamente en la Fiscalía, sino que requiere de una coordinación real entre dependencias de Seguridad Pública, Educación y Salud para garantizar una atención integral.
Asimismo, hizo un llamado a cumplir estrictamente con el protocolo legal que establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente como feminicidio, una medida fundamental para combatir la impunidad desde la apertura de las carpetas de investigación y frenar la persistente crisis de violencia en la entidad.
