Juan David Castilla
En un fallo histórico para la protección de los recursos naturales de la región, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido obligadas a implementar medidas inmediatas para el saneamiento del río La Antigua.
Lo anterior es resultado de una demanda de amparo promovida por activistas y la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), quienes lograron que la justicia federal ordene detener el vertido de contaminantes en este afluente.
La organización civil señaló que el deterioro del río es consecuencia de años de negligencia, identificando como principales focos de contaminación las aguas residuales sin tratamiento previo, los residuos agroindustriales y la acumulación de desechos sólidos.
A este panorama se suma el impacto de la actividad ganadera y el uso desmedido de fertilizantes y pesticidas químicos, los cuales terminan en el cauce, afectando la biodiversidad y la salud de las comunidades ribereñas.
Con esta resolución, los ayuntamientos ubicados a lo largo de la cuenca de La Antigua, junto con dependencias estatales y federales, están ahora obligados por ley a diseñar y ejecutar planes de remediación.
El mandato judicial exige no solo la limpieza del agua existente, sino el establecimiento de mecanismos de vigilancia y control que garanticen que no se sigan vertiendo residuos tóxicos ni aguas negras de manera directa al río.
Activistas por la defensa ambiental celebraron el fallo, destacando que es un paso fundamental para la recuperación de uno de los ecosistemas más importantes de Veracruz.
No obstante, advirtieron que mantendrán una vigilancia ciudadana constante para asegurar que las autoridades municipales y estatales cumplan con las medidas de saneamiento y no se trate solo de una resolución en el papel.
