Juan David Castilla
Personal administrativo de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se manifestó en las inmediaciones del parque Benito Juárez, en la ciudad de Xalapa, para denunciar una serie de irregularidades financieras que afectan directamente su patrimonio.
Los manifestantes señalaron que, aunque sus labores son para la universidad, el adeudo proviene de la asociación privada Inmobiliaria MOP de México, empresa que funge como intermediaria laboral y que ha retenido el pago de la primera quincena de enero junto con prestaciones críticas como la prima vacacional y las aportaciones al Infonavit correspondientes al mes de diciembre.
Esta situación afecta a una plantilla de entre 150 y 200 trabajadores que actualmente atraviesan un complejo proceso de transición administrativa.
Tras concluir su relación contractual con la empresa externa, los empleados se encuentran en un periodo de suspensión temporal con la promesa de ser recontratados directamente por la UPAV.
No obstante, denunciaron que el cierre de actividades con la intermediaria se dio bajo condiciones similares a un despido injustificado, ya que la compañía no cubrió los pagos finales ni las prestaciones devengadas a pesar de haber realizado los descuentos de ley de manera puntual durante todo el año anterior.
Ante la falta de soluciones concretas por parte de la empresa privada, una comisión de afectados acudió a las puertas de Palacio de Gobierno para entregar un oficio formal dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García.
En el documento, los trabajadores apelan a la sensibilidad de la administración estatal para que intervenga en el conflicto y garantice que sus derechos laborales sean respetados.
Asimismo, subrayaron que su principal interés es que se les otorgue prioridad en el nuevo esquema de contratación directa de la universidad, argumentando que su amplia experiencia y conocimiento institucional son fundamentales para la operatividad de la UPAV.
A pesar de que el viernes pasado sostuvieron un diálogo preliminar con la Dirección de Política Regional, los inconformes manifestaron que la incertidumbre económica ha comenzado a mermar seriamente el sustento de sus familias.
Por ello, reiteraron que mantendrán una postura pacífica pero firme en la exigencia de sus pagos, confiando en que el proceso de modernización administrativa de la universidad no se realice a costa de los salarios de quienes sostienen la estructura operativa de la institución.
