Cártel inmobiliario: los ‘intocables’
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
Al comparecer por primera vez ante el Congreso local como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), la magistrada con licencia Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre reveló que existen diversas denuncias en contra de notarios públicos, jueces, funcionarios y exfuncionarios del Registro Público de la Propiedad, asegurando que se investigarán a fondo los señalamientos de actos de colusión entre todos ellos, identificados mediáticamente como “cártel inmobiliario”.
“Se realizarán investigaciones a fondo, porque por cuanto hace a servidores y ex servidores públicos del Registro Público de la Propiedad, corresponde a la Fiscalía Anticorrupción. Algunas denuncias están por cuanto hace a notarios en la Fiscalía Especializada en Investigaciones Ministeriales. Empezamos a notar que en varias de estas denuncias se advierte una misma mecánica, es decir, que se utilizó una misma forma de actuar para despojar a familias veracruzanas de su patrimonio”, explicó la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien apenas en diciembre pasado sustituyó en la FGE a Verónica Hernández Giadáns, la cual permaneció más de seis años en el cargo y nunca procedió contra esta coalición delincuencial.
Jiménez Aguirre subrayó que se están deslindando responsabilidades, identificando patrones, así como beneficiarios de estas acciones, tanto particulares como servidores públicos y despachos de abogados postulantes, entre otros.
“Todo esto constituye un entramado que debemos ir desmenuzando porque hay denuncias dispersas en contra de notarios, de servidores y exservidores públicos del Registro Público de la Propiedad, también contra jueces y exjueces, de la concatenación que se haga de todas y cada una de las carpetas, sin duda se irán deslindando responsabilidades”, garantizó la flamante titular de la FGE, quien a pregunta expresa del diputado priista Héctor Yunes Landa respondió que apenas está por presentar su examen de control de confianza, un requisito que como fiscal debe cumplir por ley y tiene que validar el Centro Nacional de Certificación y Acreditación (CNCA) del gobierno federal.
Pero, entre los casos que Hernández Giadáns le dejó en el cajón, destaca la carpeta de investigación FIM/F8/140/2022 del índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales que integró la ex titular Marcela Aguilera por probables actos de corrupción en contra del ex director del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, David Jiménez Rojas, actual subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV, a quien se le acusó de formar parte de una red de corrupción que operaba desde las entrañas de la dependencia de la Segob, donde a través de falsificación de documentos se legalizaba el despojo de predios ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto Lucero, beneficiándose a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio de millones de pesos.
Ahora, desde hace más de un mes, al gobierno de Rocío Nahle le estalló el escándalo del llamado “cártel inmobiliario” que opera en Xalapa y Coatepec. En la capital veracruzana, por ejemplo, la reportera Claudia Montero, del medio digital Alcalorpolitico.com exhibió el caso de un burdo despojo de una vivienda de alta plusvalía valuada en 8 millones de pesos, pero por la cual maquinaron una compraventa por ¡300 mil pesos!, ubicada en la avenida de Paseo de las Palmas número 15, del fraccionamiento residencial xalapeño Las Ánimas, cuyos legítimos dueños y una menor de dos años fueron sacados de su propiedad la madrugada del viernes 21 de noviembre pasado por un grupo de abogados que llegaron acompañados de actuarios del Poder Judicial, policías, un cerrajero y hasta con un carro de mudanza para trasladar los muebles y demás pertenencias de la familia desahuciada.
El expediente 765/2023 que presentaron los promoventes del desalojo puso al descubierto la corrupción, ilegalidad, falsificación de documentos, así como la presunta colusión, complicidad y omisión de autoridades, principalmente de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, cuyo titular es Jesús Alberto Islas Aguilera, hijo del abogado Alberto Islas, quien a finales de 2024 sustituyó en la alcaldía de Xalapa a Ricardo Ahued, cuando éste solicitó licencia para incorporarse como secretario de Gobierno en el gabinete de Nahle.
Otro funcionario cercano a Ahued que salió “raspado” fue el director de Política Regional de la Segob, Adolfo Toss Capistrán, al ser implicado en este caso el juez Leopoldo Toss, su hermano, quien no sólo se deslindó mediáticamente, sino que hace una semana, el 16 de enero, presentó formalmente una denuncia ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, con el objetivo de que se investigue la probable comisión de los delitos de fraude procesal, uso de documentos falsos, falsedad de declaraciones y falsificación de documentos, derivados de este caso por el cual fue señalado públicamente como presunto integrante del llamado “cártel inmobiliario”.
La denuncia, registrada bajo la carpeta de investigación XAL/DXI/F7/131/2026, se relaciona precisamente con el desalojo de la vivienda ubicada en la zona de Las Ánimas, en Xalapa, hecho por el que los propietarios del inmueble aseguran haber sido despojados de manera ilegal y en que se menciona estuvo involucrado el juez Toss Capistrán.
En el documento de denuncia, el impartidor de justicia niega haber participado en la diligencia de desalojo, al señalar que no era titular del Juzgado Segundo al momento en que ésta se realizó, ya que se encontraba adscrito al Juzgado Cuarto, por lo que –sostiene– ha sido involucrado de manera incorrecta en los hechos.
El juez Toss Capistrán afirma que su nombre ha sido utilizado sin pruebas para vincularlo a una supuesta red de despojos inmobiliarios, lo que, asegura, ha generado afectaciones personales y familiares, además de dañar su trayectoria de dos décadas como servidor público, durante las cuales –afirma– no ha sido observado por irregularidades.
En la denuncia, el juzgador explica que los señalamientos sobre una presunta venta del inmueble a un precio inferior a su valor original no corresponden a una valoración que competa a los juzgadores, quienes actúan de buena fe al recibir documentos que, en apariencia, cumplen con los requisitos legales. Detalla que en el caso en mención se presentaron copias certificadas de una inscripción definitiva para acreditar la prescripción positiva del inmueble, mismas que fueron valoradas conforme al marco legal vigente, así como testimonios de dos personas y un contrato de compraventa que acreditaban, en ese momento procesal, la supuesta compra/venta de la propiedad.
Habrá que ver hasta dónde se atreve a llegar la fiscal Jiménez Aguirre y si la dejan, pues en algunos casos están involucrados altos funcionarios que se presumen “intocables” tan solo porque valiéndose de sus actitudes cortesanas se han metido en el ánimo de la familia gobernante, como el protagonista de la citada carpeta de investigación FIM/F8/140/2022.
