Juan David Castilla
El estudio anual «Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos», presentado por la organización Causa en Común, reveló que durante el año 2025 se cometieron en México al menos 4,783 crímenes de extrema violencia.
Estos actos, definidos por el uso intencional de la fuerza para causar maltrato extremo, terror o la muerte de grupos vulnerables, promediaron un total de 13 eventos diarios en todo el territorio nacional.
A pesar de la gravedad del panorama general, los datos estadísticos muestran que la incidencia más alta se concentró de forma focalizada en regiones específicas del país, dejando a Veracruz fuera de los primeros lugares de la lista.
Según el informe, las tres entidades que lideraron las cifras de mayor brutalidad fueron Sinaloa con 641 registros, Guanajuato con 477 y Guerrero con 384 casos documentados. Esta distribución sitúa a Veracruz en una posición distinta a la de los estados considerados focos rojos por la organización.
En el desglose nacional, el reporte destaca que se registraron al menos 1,255 asesinatos con tortura, 608 casos de mujeres asesinadas con crueldad y 386 masacres, lo que equivale a un promedio de un evento de este tipo por día.
Asimismo, se contabilizaron 456 casos de mutilación y destrucción de cadáveres, sumado al hallazgo de 301 fosas clandestinas a lo largo del año, una cifra que evidencia la crisis forense y de búsqueda que persiste en diversas zonas de la República.
Para enfrentar esta situación, Causa en Común propone que la ciudadanía y las comunidades exijan a los gobiernos locales y federales investigaciones sólidas que resuelvan estos agravios.
La organización enfatiza la necesidad de aplicar enfoques sociológicos y psicológicos para comprender las realidades locales, además de incrementar los recursos técnicos y humanos para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Finalmente, el informe hace un llamado a generar alianzas entre la sociedad civil y la iniciativa privada para impulsar programas de prevención que se ajusten a las necesidades de cada región.
