Juan David Castilla
Organizaciones de productores de café han manifestado su preocupación por la combinación de dos factores: la baja en los precios internacionales y la creciente entrada de café robusta importado, que impactan directamente en el sustento de miles de familias en regiones emblemáticas como Coatepec.
A pesar de que el ciclo actual comenzó con una perspectiva favorable debido a los altos índices en los mercados globales, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) advirtió que la situación dio un giro drástico en pocas semanas.
Fernando Celis Callejas, asesor de la organización, detalló que el pago al productor nacional se ha desplomado a pesar de la alta calidad del grano arábica mexicano.
Esta reducción se debe, en gran medida, a que la industria está optando por importar grandes volúmenes de café robusta a bajo costo para minimizar sus gastos de operación, apuntó el entrevistado.
La gravedad del impacto financiero, señaló, se refleja claramente en municipios como Cosautlán. En dicha zona, el quintal de café pergamino se cotizaba cerca de los 6 mil 400 pesos al cierre de 2025; sin embargo, para enero de 2026, el valor cayó por debajo de los 5 mil pesos.
Esta diferencia de precios compromete la rentabilidad de las cosechas y pone en riesgo la continuidad del cultivo para los pequeños productores.
El entorno se complica aún más por factores externos: La tendencia descendente de los precios internacionales responde a los pronósticos de una cosecha récord en Brasil, la cual podría superar los 70 millones de sacos en el próximo ciclo. Esta sobreoferta mundial presiona los costos a la baja, dejando al café mexicano en una posición vulnerable frente a los gigantes del mercado, apuntó Fernando Celis.
La CNOC alertó que esta crisis trasciende lo económico, pues la sustitución del grano nacional por importaciones de menor calidad pone en entredicho la reputación histórica del café de especialidad mexicano.
Ante este panorama, el sector cafetalero ha hecho un llamado urgente a las autoridades para revisar las políticas de importación y establecer mecanismos de protección que garanticen condiciones justas para quienes sostienen esta actividad en el país.
