Juan David Castilla
Ejidatarios del núcleo agrario Tejocotal, municipio de Las Vigas de Ramírez, denunciaron públicamente que, desde hace 22 años, no han recibido pagos por la ocupación de tierras de uso común donde operan antenas repetidoras de señal de televisión, presuntamente vinculadas a Radio Televisión de Veracruz (RTV) y Canal 11.
La problemática se concentra en el paraje conocido como Las Lajas, donde las instalaciones se encuentran dentro de terrenos ejidales sin que hasta la fecha se cuente con información transparente sobre contratos, convenios o las contraprestaciones económicas que por ley corresponden al ejido.
El Comité de Observación y Vigilancia del ejido Tejocotal, que representa a 26 ejidatarios, señaló que la opacidad institucional ha provocado desconfianza y divisiones internas entre los integrantes del núcleo.
Artemio Acacio Luna Marín, uno de los afectados, indicó que la principal incertidumbre radica en determinar si el Gobierno estatal o las televisoras han emitido pagos y, en tal caso, identificar a los destinatarios de dichos recursos, pues al fondo común del ejido no ha ingresado monto alguno.
Ante este escenario, los inconformes exigen a las autoridades estatales un informe detallado sobre los montos totales y los años cubiertos, así como la entrega de copias certificadas de los contratos y permisos que justifiquen legalmente la ocupación.
A pesar de que los ejidatarios han buscado la vía del diálogo desde julio de 2025 mediante la solicitud de mesas de trabajo con representantes legales de las televisoras y autoridades agrarias, las respuestas han sido insuficientes.
Los afectados denunciaron que, aunque se celebraron reuniones durante los meses de agosto y septiembre del año pasado, se les impidió una participación plena y los acuerdos alcanzados se limitaron a compromisos verbales que, hasta el día de hoy, siguen sin cumplirse.
Los ejidatarios advirtieron que emprenderán acciones legales y movilizaciones sociales de persistir la omisión por parte del Gobierno del Estado.
Consideran que este adeudo representa una vulneración histórica a su patrimonio colectivo y un atropello a sus derechos agrarios, por lo que no descartaron elevar el tono de sus protestas para exigir una indemnización justa por el uso de sus tierras durante los últimos 22 años.
