Actopan: bajo presión del cártel inmobiliario
Raymundo Jiménez / Al pie de la letra
A pesar de que la gobernadora Rocío Nahle y su secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, afirmaron que irían contra el “Cártel inmobiliario” en Veracruz –un intrincado mundo de complicidades y corruptelas en donde se encuentran involucrados abogados, notarios y funcionarios públicos estatales y municipales–, en el vecino municipio de Actopan está desarrollándose otro caso que involucra al Juez del Poder Judicial, Eric Antonio Hernández Méndez; al notario Tomás Trujillo Márquez, y a la operadora inmobiliaria Marisol Morales Zárate.
“Ya recogimos una Notaría, ya prohibimos los contratos privados que se registren, esos eran los que daban también para transas”, dijo recientemente Ahued Bardahuil al explicar que se realizan revisiones y visitas periódicas a fedatarios para verificar el cumplimiento de la legalidad en todos sus trámites. Sin embargo, un expediente en nuestro poder expone el caso de un predio de más de 55 hectáreas que fue adquirido por la familia Levi Ávila en 1957, cuyos miembros fallecieron desde hace más de 40 años, y que ahora pretende ser adjudicado de manera irregular a un lugareño sin vínculos familiares con los legítimos dueños.
De acuerdo con la denuncia, este fraudulento proceso inicia con la solicitud que la operadora inmobiliaria Morales Zárate está realizando ante el ayuntamiento de Actopan que preside Eduardo Utrera Carreto. Esta emisaria de Leobardo Castillo Rodríguez, vecino de El Cedro, una congregación actopeña, ha solicitado cédulas catastrales certificadas del mencionado predio, así como que se le entreguen nuevas cuentas catastrales del terreno.
Con el instrumento público 8109, de fecha 27 de agosto de 2025, signado por Tomás Trujillo Márquez, titular de la Notaría Pública No. 24 de la Décima Primera Demarcación Notarial, ante quien aparentemente comparecieron Eric Antonio Hernández Méndez, Juez del Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia de ese Distrito Judicial, a nombre de los ciudadanos Patricia Levi Ávila, María de los Ángeles Levi Porras, Luz María Levi Ávila y Luz María Levi de Santos, Sandos Levi Ávila y Daniel Levi Ávila.
El demandante Castillo Rodríguez, con la presunta complicidad de los actores judiciales, pretende adjudicarse el predio rústico denominado “Potrero de la Mancha”, con una superficie total de 55 hectáreas, 55 áreas y siete centiáreas, ubicadas a la perfección dentro del expediente civil 983/2023/IV del índice del entonces Juzgado Decimosexto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz.
El predio, como referimos líneas arriba, fue adquirido por la familia Levi Ávila y otros familiares en 1957, y todas las personas que firmaron la escritura notarial ya se encuentran fallecidas. Si acaso alguno de ellos viviera –según nos indica un especialista consultado sobre el tema–, tendría más de 70 años, por lo que se encontraría ante una desventaja evidente frente a quienes promovieron este juicio civil para apoderarse de estos predios.
Un dato más que pone en evidencia la actuación del “Cártel inmobiliario” en esta demarcación es el hecho de que en el Instrumento Público que estos defraudadores están utilizando, se observa que la sentencia dictada en menos de un año, condenando a los demandantes al otorgamiento de escritura o, en su defecto, el citado Juez firmaría en rebeldía, lo que ocurrió tan solo tres días antes de que el juez Eric Antonio Hernández Méndez dejara el cargo.
Como ya quedó consignado, tras la elección judicial de junio de 2025, el 1 de septiembre pasado tomaron posesión diversos jueces y otros fueron rotados. Desde esa fecha, el juez Hernández Méndez fue adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia Civil en el Distrito Judicial de Poza Rica, en el norte de la entidad.
Además, el documento que la operadora del “Cartel Inmobiliario”, la abogada Marisol Morales, presentó ante el Ayuntamiento de Actopan, no presenta el entresello del documento o la aplicación de hologramas que den certeza y legalidad al mismo, por lo que se estaría ante la posible y evidente comisión de conductas delictivas.
Se espera que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, de quien depende la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, ordene una investigación a profundidad. Los nombres del notario Trujillo Márquez y del juez Hernández Méndez son clave en este hecho. Junto con Leobardo Castillo Rodríguez están desarrollando el fraude procesal inmobiliario para apoderarse de esos predios que son propiedad privada.
La falsificación de firmas, abuso de autoridad en agravio de la fe pública por parte del Juez y del Notario, todo ello en beneficio de Castillo Rodríguez, hacen suponer que sólo es la punta del iceberg de esta fenomenal estafa.
MARX ARRIAGA: ¿SU DESPIDO DE LA SEP NO ES POR LOS LIBROS DE TEXTO?
En otro tema, ayer, el medio digital LaPolíticaOnline publicó que el despido de Marx Arriaga de la SEP no se debe a los polémicos libros de texto gratuitos sino al intento del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por cortar los cabos que conectan al obradorismo duro con el chavismo venezolano.
Según dicha publicación, “la intervención de los Estados Unidos y el arresto de Nicolás Maduro generaron un fuerte impacto a nivel regional, que el oficialismo intenta apagar para evitar un escándalo mayor. La escadalosa salida de Marx Arriaga de la SEP es un nuevo caso de esta estrategia, que amenaza con destapar negocios y triangulaciones económicas con el empresario venezolano Alex Saab, una de las figuras más apuntadas por el sistema de justicia norteamericano.
“Desde hace tiempo existían tensiones entre el titular de la Secretaría, Mario Delgado, y el ahora exdirector general de Materiales Educativos. Sin embargo, lo que generó su salida, le reconocen fuentes federales a LPO, fueron sus nexos con la estructura de lavado de dinero que encabeza el empresario Alex Saab en el gobierno chavista. Luego de la intervención de Donald Trump en el país caribeño, el empresario fue arrestado por el gobierno de Delcy Rodríguez y se espera que en los próximos días sea extraditado a Washington. En este contexto, en el Palacio Nacional buscan cortar los nexos que puedan existir entre sus negocios y la 4T.
“En este marco, Marx Arriaga era una de las figuras de la administración federal más señaladas al interior del oficialismo. Con él trabajaba Sady Arturo Loaiza Escalona, quien fungió como director de la Biblioteca Nacional de Venezuela y del Sistema Nacional de Bibliotecas durante el gobierno de Nicolás Maduro. Durante sus años en Caracas forjó una cercana relación con la esposa del entonces presidenta, Cilia Flores –quien también está detenida en Estados Unidos– y Diosdado Cabello, otra figura señalada por la Casa Blanca de liderar una organización criminal.
“Sus nexos con el chavismo no quedaban ahí porque también tejió una relación con Alex Saab, el empresario que está acusado de idear y comandar la estructura ilegal chavista de lavado de dinero a través de la cual Caracas esquivaba las sanciones internacionales. Dentro de este esquema, la producción y distribución de libros está señalada como una tapadera que tenía como finalidad insertar en el sistema el dinero que el chavismo recibía a través de actividades ilegales. En este esquema también está señalado el dueño del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín, quien también fue detenido esta semana por las autoridades venezolanas.
“El arresto de Nicolás Maduro cambió por completo el escenario venezolano y la fuerte coordinación entre la nueva presidenta, Delcy Rodríguez, y los Estados Unidos amenaza con destapar información que en México preocupa porque podría marcar a figuras de la 4T. Como detalló LPO, uno de ellos es el actual subsecretario de Agricultura, Leonel Cota, quien lideró la paraestatal Segalmex durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que está señalado de haber emprendido una serie de transacciones comerciales con Alex Saab para facilitar el lavado de dinero venezolano”.
“Sin embargo, en el Zócalo capitalino los señalamientos contra Leonel Cota generan mayor resquemor por su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, con quien lo une una amistad de décadas. En la 4T recuerdan, por ejemplo, que Cota fue el primer gobernador electo de la historia del PRD, cuando ganó las elecciones en Baja California Sur en 1994. A raíz de esto, por el momento, la 4T comienza a cortar cabos subterráneos, pero los señalamientos más importantes apuntan al exgobernador” sudcaliforniano, de quien en su polémico libro, “Ni venganza ni perdón”, el exconsejero presidencial Julio Scherer refiere que un exintegrante de su equipo en Baja California Sur fue Eric Cisneros Burgos, el exsecretario de Gobierno de Cuitláhuac García conocido popularmente como “Bola 8”
La Política Online señala que, “además, la salida de Marx Arriaga sucede días después de que la estructura de seguridad que encabeza el secretario Omar García Harfuch mantuviera una serie de reuniones con sus pares de los Estados Unidos en Washington, donde volvieron a discutir la actualidad nacional y los preocupantes nexos que existen entre figuras de la 4T con organizaciones criminales y sobre las cuales la Casa Blanca demanda avanzar. En este escenario, la extradición de Alex Saab no solo preocupa en Caracas, sino también en México.”
