- Se efectuaron mesas de trabajo para garantizar los derechos humanos de las personas indígenas privadas de la libertad en diferentes estados del país
- También se realizaron visitas de seguimiento a 29 centros de reinserción social en las cuales se identificó la implementación de buenas prácticas por parte de las autoridades penitenciarias
Redacción Hora Cero
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), autoridades penitenciarias de los estados Chiapas, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, además de varias defensorías públicas realizaron actividades interinstitucionales con el objetivo de mejorar la situación de las personas indígenas privadas de la libertad.
El propósito fue identificar el impacto en los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, a fin de supervisar las salvaguardias al momento de que sean detenidas y presentadas ante la autoridad, en el marco de la política pública permanente de la CNDH orientada a la consolidación de una Defensoría del Pueblo.
De esta forma, se efectuaron mesas de trabajo para garantizar que las personas indígenas privadas de la libertad accedan a los servicios de intérpretes y traductores durante sus procesos penales; la implementación de acciones que protejan su derecho a la identidad cultural —vinculadas con el uso de la lengua y las prácticas originarias, entre ellas, la medicina tradicional—; el emprendimiento de medidas conjuntas para la salvaguardia de sus derechos, de manera particular el acceso a una defensa técnica intercultural; así como la promoción de beneficios de preliberación o libertad anticipada.
Lo anterior, considerando que de acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) existen intérpretes y traductores solo en 22 estados del país, así como con un fondo destinado a la excarcelación de personas indígenas en reclusión.
En una segunda etapa, también de manera conjunta, se realizaron visitas de seguimiento a 29 centros de reinserción social en las cuales se identificó la implementación de buenas prácticas por parte de las autoridades monitoreadas, tales como:
- La difusión institucional a través de materiales audiovisuales e impresos, como lonas, trípticos y cartulinas, sobre el régimen disciplinario, así como de los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, en las lenguas indígenas predominantes en el centro penitenciario.
• La existencia de documentación institucional en la lengua indígena de mayor habla en la región.
• La incorporación de personal hablante de la lengua indígena de la región y su capacitación para fungir como traductores certificados.
• La certificación de una persona privada de la libertad como intérprete, a partir de un convenio institucional con una universidad estatal.
• En materia de salud con enfoque intercultural, el funcionamiento de huertos de plantas
medicinales dentro de los centros penitenciarios, con registro de uso; así como la
implementación de un protocolo para la solicitud de medicina tradicional y otro para regular el ingreso de plantas medicinales o ungüentos conforme a sus usos y costumbres.
• La realización de visitas domiciliarias por parte del personal de las áreas técnicas, a fin de brindar información a las familias sobre la situación jurídica y los requisitos para que acudan a visitar a las personas privadas de la libertad.
• Asimismo, se observó que, de manera excepcional y bajo condiciones de seguridad
previamente establecidas, se permite el acceso de familiares fuera del horario habitual por lapsos breves y en áreas controladas del centro penitenciario. En algunos casos se ampliaron los horarios de visita y se extendió el acceso a familiares hasta el tercer grado de parentesco, como medida para favorecer la reinserción social y la preservación del vínculo familiar.
En este sentido, la CNDH observa necesario el impulso de una campaña de concientización efectiva sobre el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas indígenas afrodescendientes y afromexicanas privadas de la libertad; además de las herramientas y mecanismos a las que tienen derecho para una debida defensa, sin dejar de lado la implementación de una estrategia reforzada por parte de las autoridades corresponsables en la materia conforme a una perspectiva intercultural.
De esta manera, la Comisión Nacional y las autoridades participantes refrendan su compromiso de continuar con la promoción interinstitucional de prácticas y acciones que abonen a la eliminación las brechas de desigualdad estructural que viven dichas personas en contextos de prisión y que a su vez favorezcan su acceso a la justicia, a partir del reconocimiento de su autoadscripción, libre determinación y jurisdicción indígena, respetuoso de la diversidad cultural y alineado con el marco nacional y los más altos estándares en materia de derechos humanos.
