Juan David Castilla
Familiares de personas desaparecidas en Veracruz y el resto del país lanzaron un enérgico llamado a la transparencia informativa, dirigido a la Presidencia de la República y a la Fiscalía General de la República (FGR).
El pronunciamiento surge ante la necesidad de conocer cifras reales y precisas sobre el número de fosas clandestinas, cuerpos recuperados y prendas localizadas, elementos que consideran vitales para avanzar en la localización oficial de sus seres queridos.
Victoria Delgadillo Romero, representante del colectivo «Familiares Enlaces Xalapa», subrayó que la opacidad institucional obstaculiza los procesos de búsqueda.
Los colectivos demandan acceso directo a los hallazgos, incluyendo la revisión de prendas y restos, tanto de larga data como recientes.
Aunque la Fiscalía de Veracruz ha mostrado disposición inicial para compartir datos y exhibir prendas halladas, los grupos de búsqueda a nivel nacional señalan que la falta de respuestas formales por parte de la FGR mantiene en la incertidumbre el paradero de miles de personas.
La magnitud de la crisis forense en México ha quedado evidenciada tras la última actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, donde se exponen contradicciones alarmantes entre los registros federales y estatales.
De acuerdo con este análisis, entre 2006 y 2024 las fiscalías estatales reportaron un total de 5,532 fosas clandestinas; sin embargo, en el mismo periodo, la FGR solo reconoció 630 sitios.
Esta diferencia de casi 5,000 puntos de hallazgo revela una desconexión institucional que, según los analistas de organizaciones como Data Cívica, impide dimensionar correctamente el problema.
La brecha informativa se acentuó durante el año 2024, cuando la FGR reportó apenas 18 hallazgos en todo el territorio nacional, cifra que contrasta drásticamente con los 786 reportes documentados por las autoridades estatales.
Estas inconsistencias motivaron que más de 400 personas y organizaciones sociales firmaran el pronunciamiento enviado al Gobierno Federal, exigiendo una unificación de criterios y una rendición de cuentas que refleje la realidad de los campos de exterminio y sitios de inhumación ilegal en el país.
El panorama actual presenta desafíos sin precedentes para el Estado mexicano, con un acumulado de más de 133,000 personas desaparecidas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
A esta cifra se suma la crisis de identificación humana, con estimaciones oficiales que sitúan en cerca de 72,000 los restos que permanecen sin identificar en anfiteatros y servicios forenses.
Los colectivos en Veracruz insisten en que, sin una base de datos transparente y compartida, el derecho a la verdad y a la justicia seguirá siendo una meta inalcanzable para las familias que continúan buscando en fosas de toda la entidad.
