Juan David Castilla
Posesionarios del ejido Santa Ana Atzacan recurrieron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXXI, donde presentaron una demanda para anular contratos de propiedad que califican como fraudulentos.
Paulino López Anzures, representante de los afectados, informó que el expediente 528/2025 busca invalidar documentos fechados en 2016, los cuales habrían sido validados por jueces civiles carentes de competencia en materia agraria.
Los predios en disputa corresponden a las parcelas 194 y 195, cuyos titulares originales, Ricardo Ortega y Baldomero Vargas, realizaron la primera enajenación legal en favor de los actuales denunciantes.
El conflicto se originó tras la supuesta simulación de contratos privados que beneficiaron al empresario Orlando “N”, utilizando resoluciones civiles que los afectados tachan de irregulares.
Según la denuncia, estas maniobras judiciales permitieron que personas ajenas a la titularidad de las parcelas se ostentaran como propietarios, ignorando el dominio pleno establecido bajo la Ley Agraria.
Los posesionarios sostienen que este caso no es aislado, sino que forma parte de una red inmobiliaria que opera en la región de Orizaba mediante litigios civiles para apropiarse indebidamente de tierras ejidales.
La situación alcanzó un punto crítico el 21 de noviembre de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 30 personas irrumpieron en los predios con maquinaria pesada. Los testimonios denuncian que las familias fueron obligadas a retirarse bajo amenazas, mientras se llevaba a cabo la demolición de viviendas, linderos y cimientos.
Este desalojo afectó directamente un proyecto de lotificación de interés social que ya beneficiaba a más de 50 familias, quienes perdieron su patrimonio y se vieron forzadas a abandonar sus terrenos por temor a nuevas agresiones.
Actualmente, los predios ubicados sobre la carretera Orizaba-Atzacan se encuentran bajo una vigilancia que genera zozobra entre los vecinos. Los ejidatarios han reportado la instalación de cámaras de seguridad y la presencia constante de individuos con indumentaria de tipo militar.
Los denunciantes expresaron su preocupación ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, señalando que diversos funcionarios judiciales, incluyendo magistrados y actuarios, podrían haber incurrido en omisiones o emisión de informes falsos para favorecer el despojo.
Los afectados reiteraron que su recurso ante el órgano agrario es la última instancia para restituir la legalidad y frenar lo que consideran un atropello a sus derechos.
Exigen una revisión exhaustiva de la actuación del personal judicial vinculado al caso, subrayando que las resoluciones en el ámbito civil no deben prevalecer sobre la normativa agraria federal que protege a los legítimos poseedores de la tierra.
