Hora cero
El caso Winckler
Luis Alberto Romero
El caso del exfiscal de Veracruz, Jorge Winckler, vuelve a colocarse en el centro del debate público, no solo por su situación jurídica, sino por representar una etapa en la que la procuración de justicia estuvo marcada por decisiones polémicas, acusaciones graves y ahora, por una cadena de procesos penales que parecen no agotarse.
La nueva imputación en su contra se centra en el ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Es la continuación de una historia que comenzó desde su paso por la Fiscalía General del Estado durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Hoy, recluido en el penal de Pacho Viejo, el exfiscal enfrenta una acusación que toca como punto esencial el cumplimiento de los requisitos básicos para ejercer el cargo.
La autoridad sostiene que Winckler permaneció en funciones sin contar con la certificación de control y confianza emitida por instancias federales, como lo exige la ley para mandos superiores en instituciones de justicia. Más grave aún, se le acusa de haber instruido la simulación de estas evaluaciones mediante procedimientos internos, lo que habría derivado en la emisión de documentos sin validez legal.
Si estos hechos se confirman, se podría hablar de una posible manipulación deliberada de los mecanismos que buscan garantizar que quienes imparten justicia cumplan con estándares mínimos de confiabilidad. Es decir, el sistema habría sido utilizado para validar, de manera artificial, la permanencia en el poder.
Hay que considerar que Winckler no enfrenta únicamente esta acusación, dado que desde su detención en 2022, arrastra procesos por delitos mucho más graves, como secuestro y tortura, vinculados a hechos ocurridos durante su gestión. Los expedientes plantean presuntas violaciones a derechos humanos y ahora posibles actos de simulación administrativa.
El caso exhibe las debilidades de los controles internos en las instituciones de justicia; a fin de cuentas, ¿cómo es posible que un funcionario de ese nivel haya permanecido en el cargo sin cumplir plenamente con los requisitos legales? ¿Quién debió verificarlo en su momento? ¿Y por qué esas omisiones solo se corrigen cuando el funcionario ya dejó el poder?
La destitución de Winckler en 2019 por parte del Congreso local, precisamente por no acreditar los requisitos de permanencia, fue un primer reconocimiento de estas fallas. Sin embargo, lo que hoy se discute en tribunales es si esa irregularidad fue solo una omisión o una acción deliberada para evadir la ley.
También hay una lectura política inevitable, dado que Winckler fue una figura importante en un periodo de fuerte confrontación política en Veracruz. Su actuación al frente de la Fiscalía fue cuestionada por distintos actores, sobre todo por la feroz persecución contra ex funcionarios del sexenio duartista; y su salida marcó el inicio de una serie de procesos que, hasta ahora, no han concluido.
Al final, el caso Winckler se ha convertido en un símbolo de cómo el ejercicio del poder puede terminar en los tribunales.
El exfiscal de Yunes corrió la misma suerte que su antecesor en el cargo, Luis Ángel Bravo, quien también pisó Pacho Viejo; la diferencia es que el procurador en los tiempos de Duarte recobró su libertad, mientras que Winckler fue abandonado por la misma mano que lo encumbró.
@luisromero85
