Juan David Castilla
Un análisis de imágenes satelitales presentado por una coalición de organizaciones ambientalistas, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Greenpeace México, revela que el vertido de hidrocarburos que hoy afecta las costas de Veracruz y Tabasco se originó desde principios de febrero de 2026 frente a las costas de Campeche, pero no fue atendido por las autoridades federales.
La evidencia visual indica que entre el 6 y el 10 de febrero se detectó una embarcación en las inmediaciones de la plataforma Abkatún, zona donde comenzó la descarga de crudo. Para el 14 de febrero, la mancha de contaminación alcanzaba una extensión aproximada de 50 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más de mil veces la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.
A pesar de que las imágenes muestran a cinco embarcaciones realizando labores de contención desde el 13 de febrero, las autoridades federales omitieron emitir alertas públicas oportunas, contraviniendo los protocolos de seguridad nacional.
La denuncia de los grupos ambientalistas señala que el manejo de este siniestro ignoró los lineamientos del Plan Nacional de Contingencia (PNC) vigente desde 2023. Las organizaciones subrayan que existió una violación directa al deber de notificación inmediata, lo que impidió que las comunidades costeras y los sectores pesqueros de Veracruz tomaran medidas preventivas antes del arribo sostenido de la marea negra durante las últimas tres semanas.
Asimismo, cuestionaron la ausencia de instrumentos técnicos obligatorios, como el Análisis de Beneficio Ambiental Neto (ABAN) y los Mapas de Sensibilidad, documentos que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) deben integrar para coordinar una respuesta técnica adecuada y que, hasta la fecha, permanecen bajo opacidad institucional.
Bajo el principio jurídico de que «el que contamina paga», la coalición exige la identificación pública de la empresa responsable y la transparencia en el proceso de compensación por los daños causados a los ecosistemas y a la economía de las comunidades afectadas.
El comunicado hace un llamado enérgico a la Secretaría de Marina (Semar), como administradora del PNC, para que explique por qué no se activó el Nivel 3 de respuesta ante un derrame de tal magnitud. Las organizaciones advierten que el silencio gubernamental sobre la identidad de la compañía encargada de la plataforma Abkatún podría derivar en procesos administrativos, civiles y penales, dado que el impacto ambiental ha trascendido los límites estatales, afectando áreas naturales protegidas y zonas de alta biodiversidad marina.
