Activismo y operación política de servidores públicos
José Luis Enríquez Ambell / Café de mañana
La operación política a través o por parte de los servidores públicos en todos los niveles está estrictamente regulada y limitada por el marco legal para evitar el posible uso indebido de los recursos públicos y garantizar la imparcialidad en los procesos electorales en cualquier escenario y jornada.
“Y partiendo de que todos los servidores públicos están obligados a actuar con legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad”, los titulares de las áreas administrativas – o similares – y los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) o sea, los llamados contralores internos en las dependencias y entes públicos, deben ser garantes de la máxima transparencia para toda jornada electoral, y en todos los pisos de los poderes del estado y en los organismos autónomos constitucionales, de ahí que este mismo año y al amparo del proceso que se avecina de forma concurrente para el periodo 2026 – 2027 habría de suponer que en el caso Veracruz, la brillante y profesional titular de la CGE Bárbara Galindo, ya estructura líneas de acción que habría de anunciar preliminarmente la Gobernadora Rocío Nahle, en materia de blindaje electoral.
La regulación jurídica, legal y administrativa en lo político es clave para atenderse por los servidores públicos actuales de la Contraloría General del Estado, pues ya de por sí hay una cantidad importante de funcionarios de Veracruz, de todo rango, que no han presentado declaración patrimonial por; inicio, modificación o conclusión de encargo, que valdría se eviten sanciones ahora por alguna sospecha o denuncia formal y ciudadana en materia electoral.
Las obligaciones tienen sus limitaciones en torno al uso de los recursos públicos, pues todo servidor público deberá utilizar los conceptos básicos (humanos, materiales y financieros) bajo su estricta responsabilidad, pero igual exclusivamente para los fines previstos en el catálogo del presupuesto autorizado para ejercer sin influir en la equidad de las competencias que le corresponde organizar a los árbitros; local (OPLE) y federal (INE).
La caballada y bufalada – en un sentido coloquial – se adelantó en Veracruz en el proselitismo activo y aunque no tienen el mínimo impedimento legal para asistir a actos de proselitismo en días inhábiles, su presencia no debe implicar el uso de los recursos públicos.
Existen prohibiciones en las normas que marcan frontera en el dibujo pre y electoral, en el sentido del destino de los recursos públicos a fines distintos, utilizar el cargo para favorecer a un partido o algún candidato (a), pues constituye una falta administrativa grave y un posible delito electoral.
Lo anterior, implica además de “responsabilidades, también sanciones administrativas”, y que se aplican por actos u omisiones que afecten a la legalidad, tales como la amonestación pública, suspensión, destitución e inhabilitación en su caso.
Puede incluso llegar a la figura del juicio político, lo que es procedente contra algunos altos funcionarios por actos u omisiones que redunden en perjuicio de intereses públicos fundamentales.
Hay ocasiones en que aparece la responsabilidad penal, y puede ser por la coalición de servidores públicos para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, o para impedir su ejecución, y esto es un delito. Hay otros delitos que incluyen el ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones.
Todas esas acciones legales tienen como marco jurídico a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Cuarto, que refiere a las responsabilidades de los servidores públicos. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como también la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
En resumen, la “operación política” como tal, si implica el uso de la estructura estatal, el tiempo de trabajo, los recursos de la administración pública para favorecer una causa política, situación que es ilegal y sancionable.
DE SOBREMESA
Es de esperarse que el OPLE e INE, en sus acciones para la promoción de la participación ciudadana, incluya en breve tiempo, actividades relativas a contactar con el universo de los servidores públicos – en los tres niveles de gobierno – e iniciar tareas en torno al blindaje electoral, y justo ahí radica la frontera a los delitos, pues la participación ciudadana activa, así como de las instituciones, resultan una pieza clave para que las venideras elecciones concurrentes en Veracruz sean libres, seguras, transparentes y haya una jornada abundante en votos, y aún parece, solo me parece observar ahora en el horizonte previo a la instalación de los Consejos Generales del OPLE e INE, que los procesos en 2027 serán judicializados.
El blindaje electoral tiene que ver con la manifestación de voluntad institucional y política de autoridades en su conjunto, porque ya de por sí en la ley electoral existe un cúmulo de obligaciones a observar y cumplir por parte de servidores públicos, pero es importante que los poderes y todos los organismos autónomos – entes que ejercen presupuesto público – se articulen para instruir y exhortar a todos sus subordinados a que se conduzcan en el marco de la ley y la normatividad, sea por acuerdo o lineamientos que habrán de vigilar se cumplan los OIC y sin que los responsables administrativos en los entes dejen de acatarlos.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
Ahora bien, el posible mal uso de los programas sociales – federal, estatal y municipales – son susceptibles de un posible delito grave, y es aquí en donde todo el universo de burócratas no deberían apartarse de la legalidad ante las etapas previas de precampaña de los procesos venideros a través de una conducta recta y que se traduzca en neutralidad e imparcialidad.
“La cero tolerancia en el uso electoral de los programas sociales es una tarea de todas y todos”, y que incluye a la población abierta.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
Es evidente – por lo que se aprecia en diversas carreteras de la información – que hay adelantados (as) y acelerados (as) y como casi siempre, se pone en riesgo la transparencia de los procesos, y la burocracia puede evitar exponerse a quizá posibles observaciones y sanciones, que mancharían a la jornada intermedia del sexenio de la Ingeniera y Gobernadora Rocío Nahle así como, de la Presidenta y Doctora Claudia Sheinbaum.
Habrá que reconocer que el proselitismo de la burocracia es una figura real y legal, pero dentro de lo permitido, y no de manera abierta en horarios y días hábiles sea en favor de ellos mismos o ciudadanos y ciudadanas.
UN CAFÉ XALAPEÑO
Hablando de transparencia, legalidad y gobernabilidad así como congruencia y lealtad, tuve oportunidad de saludar y conversar con el Secretario de Gobierno Ricardo Ahued, y me consta la defensa plena y cabal, que no deja de expresar en favor de la Gobernadora Nahle.
Desde mi enfoque, ojalá que más colaboradores de la Ingeniera Nahle, comulguen con esa conducta que solo la dicta el buen oficio en el quehacer en las instituciones, pues no son muchos quienes sacan el pecho frente a las balas, «y es que siempre pasa igual cuando sucede lo mismo me decía un exjefe; Don Gonzalo Martínez Corbalá (QEPD)».
UN CAFÉ SUREÑO
Un gustazo saber que el joven y bien formado médico Arturo Navarrete Sánchez, originario de Coatzacoalcos – paisano sureño – y miembro de una familia honesta y trabajadora, recibiera el nombramiento de Delegado del IMSS Región Sur por parte del Director General del organismo de seguridad social del gobierno de la república Zoé Robledo. Un acierto su retorno a Veracruz.
¡ES CUANTO!
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