Juan David Castilla
El estado de Veracruz se enfrenta a una crisis de derechos humanos por maternidad infantil forzada. Según datos recientes de la colectiva Equifonía y reportes del sistema de salud, la entidad ocupa el cuarto lugar nacional en embarazos de niñas de entre 10 y 14 años.
Durante el último ciclo registrado (2024-2025), Veracruz reportó cientos de casos de niñas que fueron obligadas a llevar a término embarazos producto de agresiones sexuales.
A pesar de que el estado cuenta con una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sigue siendo una situación complicada para las víctimas más jóvenes.
“El embarazo en niñas menores de 15 años es, por definición, fruto de un abuso sexual. Obligarlas a parir es una doble victimización”, señalan activistas.
Las estadísticas indican que la mayoría de estos casos ocurren en entornos domésticos, y que la falta de protocolos de detección en hospitales y centros de salud permite que el agresor continúe en el entorno de la menor.
La región de las Altas Montañas de Veracruz concentra el mayor número de casos, donde la falta de educación sexual, la marginación económica y las barreras lingüísticas dificultan que las familias busquen justicia o atención médica oportuna.
