Redacción Hora Cero
El Coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, señaló que en el ámbito estatal se avala el anuncio realizado por la gobernadora Rocío Nahle sobre el incremento salarial para las y los trabajadores del Gobierno del Estado de Veracruz, el cual incorpora un enfoque de equidad y justicia social.
En su conferencia de prensa de los martes indicó que este ajuste contempla un aumento general y considera a sectores con menores ingresos, como mujeres trabajadoras y elementos de seguridad, y que este tipo de medidas contribuyen al bienestar de las familias veracruzanas y a una distribución de los recursos públicos. Añadió que, desde el Partido del Trabajo, se dará seguimiento a la implementación de estos incrementos para que se reflejen en los ingresos de quienes corresponda.
En otro contexto, Aguilar Aguilar reconoció el esfuerzo de la Fiscalía General del Estado para agilizar los procedimientos relacionados con órdenes de cateo mediante mecanismos digitales. Señaló que lo expresado por la fiscal general, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, apunta a fortalecer la capacidad operativa frente a la delincuencia, y subrayó que todo operativo debe realizarse con sustento legal, garantizando controles adecuados en el uso de herramientas digitales y el respeto a los derechos de la población.
Respecto a la resolución del Tribunal Electoral de Veracruz sobre la elección extraordinaria de Tamiahua, manifestó que se trata de una etapa del proceso que no concluye el análisis de fondo del caso. Indicó que los planteamientos presentados deben considerarse en la revisión integral y que el Partido del Trabajo hará uso de los recursos legales correspondientes, al tiempo que sostuvo que la legalidad debe acreditarse en cada fase del proceso electoral.
Finalmente, se refirió a la información dada a conocer por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, encabezado por Delia González Cobos, sobre la presentación de denuncias por presunto daño patrimonial contra exfuncionarios de la administración de Cuitláhuac García Jiménez. Expuso que los señalamientos incluyen irregularidades en un instituto tecnológico y un fideicomiso público, y que el ORFIS reportó presunto daño patrimonial por 1,908 millones de pesos en diversas dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos. Señaló que el Partido del Trabajo considera necesario que las instituciones fiscalizadoras continúen con la revisión y, en su caso, la sanción de posibles irregularidades conforme a la ley.
