Hora cero
Grupo MAS, ¿fin de la concesión?
Luis Alberto Romero
Prácticamente desde el inicio de sus operaciones, el Grupo MAS, concesionario del sistema de agua en el municipio de Veracruz, ha sido señalado por el deficiente servicio, por la opacidad y por las irregularidades y constantes quejas.
Al iniciar el actual ayuntamiento, al gobierno municipal que encabeza Rosa María Hernández Espejo llegaron miles de denuncias ciudadanas contra Grupo MAS.
Antes, en septiembre pasado, la asociación Casa Zapata, que encabeza Pedro Rivera, lanzó fuertes críticas contra esta empresa, dado que, señala, desde el inicio de sus operaciones no contó con la legitimidad para llevar a cabo su actividad, como son los certificados de calidad de agua que establecen los artículos 220 y 221 del reglamento de la Ley de Salud.
Derivado de todas las denuncias y quejas ciudadanas, la administración de Hernández Espejo ordenó la revisión a fondo, con lupa, de Grupo MAS.
Hay que considerar que durante años, el servicio de suministro de agua en este lugar ha estado marcado por quejas ciudadanas constantes, cortes frecuentes, baja presión, problemas de drenaje y cobros excesivos.
Hoy, ese malestar social se traduce en una revisión integral que pone bajo la lupa no sólo la operación técnica, sino también el manejo financiero y el cumplimiento legal de la empresa.
El proceso, desarrollado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a petición del Ayuntamiento, contempla auditorías, legal, financiera y técnica.
El ORFIS revisa más de 3,300 documentos; inspecciona 181 instalaciones del Grupo, entre plantas y pozos; analiza más de seis mil kilómetros de red; y evalúa el estado de casi 250 mil tomas domiciliarias.
La auditoría surgió tras más de cinco mil reportes ciudadanos documentados por el ayuntamiento.
Sobre este asunto, la gobernadora Rocío Nahle ha respaldado abiertamente la revisión, al advertir posibles irregularidades en la operación del servicio y subrayar que el acceso al agua no puede quedar sujeto a decisiones unilaterales ni a incrementos tarifarios sin sustento.
La postura de la gobernadora es clara, el agua es un derecho humano y está por encima de cualquier contrato o interés empresarial.
En ese mismo tono, la mandataria estatal cuestionó otros esquemas concesionados, como el del alumbrado público, dejando entrever una revisión más amplia de modelos heredados.
El fondo del asunto, sin embargo, es técnico y social; ¿ha cumplido Grupo MAS con lo que prometió? ¿Se justifican las elevadas tarifas frente a la calidad del servicio? ¿Se han realizado las inversiones comprometidas? Las respuestas no pueden seguir en el terreno de la opacidad.
La auditoría, con plazos que van de 60 días a cuatro meses, deberá ofrecer respuestas, porque lo que está en juego no es sólo la continuidad de una concesión, sino el suministro a miles de familias que día a día padecen un servicio irregular, deficiente y caro en uno de los municipios más importantes del estado.
@luisromero85
